A paso de tortuga. Así ha avanzado la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de traición a la patria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso.

Y es que han pasado 273 días desde que se presentó el documento ante el Parlamento, sin embargo, el poco interés de parte de los integrantes del Congreso ha logrado que el proceso sea lento y tenga retrasos en más de una oportunidad.

Es más, el texto que recomienda inhabilitar por cinco años al jefe de Estado, ni siquiera ha sido sustentado ante la Subcomisión, un paso importante antes de llegar a la Comisión Permanente y al pleno del Congreso para su debate y votación final. El informe final podría ser debatido este viernes 4 en una sesión ordinaria de la Subcomisión, pero al cierre de este informe la agenda todavía no era publicada de manera oficial.

De acuerdo con el procedimiento parlamentario, si el grupo aprueba el informe final, este será elevado a la Comisión Permanente para un nuevo debate y votación.

Además, serán ellos los que podrán incluir en la agenda del Pleno el informe, que necesitará de 66 votos para que el presidente Castillo reciba la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública.

RECUENTO

El martes 25 de enero, el presidente Castillo ofreció una entrevista a CNN, oportunidad en la que se refirió a la posibilidad de plantear una consulta popular para decidir si el Perú le otorga acceso al mar a Bolivia.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, manifestó.

Sus declaraciones tuvieron consecuencias, pues un grupo de abogados lo denunció por traición a la patria y otras infracciones a la Constitución el 3 de febrero.

Desde ese momento el proceso de la denuncia en la Subcomisión inició su curso, sin embargo, se interrumpió muy pronto.

El 25 de febrero, el grupo tenía que votar si procedía admitir la denuncia, pero no sucedió por la falta de quórum.

Los ausentes fueron congresistas de la bancada de Perú Libre, Juntos por el Perú-Cambio Democrático y Acción Popular.

Lo mismo ocurrió el 22 de abril cuando se iba a elegir al congresista delegado del caso para presentar y sustentar el informe.

Por el grupo de la lampa no asistió en las dos oportunidades Jorge Flores, congresista sindicado por la Fiscalía como uno de “Los Niños”, grupo que le hacía caso en todo al mandatario y votaban a su favor para salvarlo a cambio de beneficios.

Una semana después, el seleccionado fue el congresista Wilson Soto (Acción Popular) que presentó su informe final en agosto, es decir, después de tres meses.

Cabe recordar que en ese período el presidente Castillo presentó una demanda de hábeas corpus contra la Subcomisión por un supuesto atentado contra su libertad individual y el debido proceso, recurso que fue desestimado por el Poder Judicial.

Otro dato no menor es que en ese tiempo ya había terminado un período legislativo, por lo que la Subcomisión pasaría por una recomposición de integrantes y se instalaría recién el 19 de setiembre.

El 23 de ese mes, Diego Bazán (Avanza País) fue elegido delegado del caso.

El legislador informó a Correo que ratificó las conclusiones del documento de Wilson Soto, quiere decir que no se cambiará y por lo tanto, se recomendará la inhabilitación del jefe de Estado.

El documento debe ser sustentado ante la Subcomisión, pero hasta el momento no ha sido puesto en agenda.

Se espera que pueda estar incluido el día de mañana.

UNO MÁS

La vicepresidenta Dina Boluarte ha tenido la misma suerte que el presidente Castillo.

Ella fue denunciada ante la Subcomisión el 25 de mayo tras revelarse que realizó gestiones particulares en el Club Apurímac, cuando ya se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Al estilo del caso del mandatario, el oficialismo ayudó a que su caso se retrase con prontitud, pues hasta la fecha han pasado 162 días desde que fue denunciada ante el mencionado grupo de trabajo.

Por ejemplo, el 10 de junio, fecha en que se tenía previsto votar el informe de calificación que recomendaba procedente la denuncia, la audiencia se suspendió por falta de quórum.

Los ausentes fueron congresistas de Perú Libre, el Bloque Magisterial, Acción Popular y Somos Perú.

Ese día, el legislador Raymundo Mercado (Juntos por el Perú-Cambio Democrático) se encontraba de licencia.

Curiosamente, un mes después, fue elegido delegado del caso.

Y a pesar de que hubo un intento de la oposición por cambiarlo debido a la cercanía de su bancada con el Gobierno, el pedido fue desestimado.

Al igual que en el caso de Castillo, se ha tenido un retraso tras la demora en la instalación de la Subcomisión, sin embargo, hasta el momento no se conoce el sentido del informe final del congresista Mercado.

El texto podría salvar a la vicepresidenta de una inhabilitación en el cargo.

RETRASO INNECESARIO

Hace un mes, Lady Camones, hoy presidenta de la SAC se refirió a la denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Castillo.

La apepista estimó que la denuncia tardaría en resolverse en un promedio de tres meses, aunque podría demorar un poco más debido a la recarga del proceso con la citación de testigos y otros elementos implicados.

El 14 de octubre, se dio cuenta de la denuncia en la SAC.

Desde ese día, debían contabilizarse 10 días hábiles para que el equipo técnico presente un informe de calificación para determinar si se declara o no procedente el caso.

La SAC decidió que el plazo de 10 días se empiece a contar desde ayer, es así que tendrán hasta quincena de este mes para presentar el texto que será determinante para continuar con la investigación.

Es importante resaltar que la denuncia que presentó la máxima representante del Ministerio Público es amplia, porque se incluyen casos en los que el presidente es investigado por presuntos vínculos con la corrupción.

Es decir, que a la SAC serán citados varios testigos del caso.

Sin embargo, las denuncias contra Castillo y Boluarte no tienen ese matiz de complicación, a pesar de ello, ya tienen en el Congreso más de nueve y cinco meses, respectivamente.

Fuentes del Congreso sostienen que no existe voluntad política para avanzar con ambas denuncias.

“No sabemos qué hay detrás, qué convenios o pactos existen”, afirmaron.

En ese sentido, explicaron que el procedimiento debería haber culminado si es que se han seguido los plazos.

“Están esperando que el Congreso se sienta presionado por la ciudadanía para tomar acciones. Mientras eso no ocurra, siento que el estancamiento va a seguir”, señalaron.