El presidente de la Comisión Permanente, , aseguró hoy que el país “ha sido embaucado” por la empresa . Esto a raíz de la demanda que la constructora brasileña impuso por US$1.200 millones al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

A través de su cuenta de Twitter, aseveró que los ejecutivos de Odebrecht “han demostrado ser unos completos felones” y consideró que con el dinero que la constructora exige se podrían construir hospitales y colegios que la población requiere.

“Los de Odebrecht han demostrado ser unos completos felones. Lo que está sucediendo hoy se advirtió hace muchos meses. El Perú ha sido embaucado. Reitero: tengamos cuidado y pensemos primero en los intereses del país”, escribió.

“¿Cuántos hospitales, colegios o comisarías, se pueden construir con los US$1.200 millones que está pidiendo Odebrecht? ¿Cuántas incubadoras se pueden adquirir? En qué momento se empezará a pensar en los peruanos”, agregó.

Pedro Olaechea cuestionó la permanencia de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en el equipo especial del caso Lava Jato tras esta denuncia y se mostró indignado porque, de perder el arbitraje, el dinero exigido por Odebrecht saldría de las arcas del Estado peruano.

“¿José Domingo Pérez y Rafael Vela deberían seguir en sus puestos? ¿Qué tan competentes son? ¿Qué opinas? Prácticamente le están costado al país US$1.200 millones [...] ¿De dónde saldrá el dinero que está demandando Odebrecht? Exacto, será dinero de todos los peruanos. Así de fácil, muy sencillo. Si eso no te indigna, no sé qué más tiene que suceder”, indicó.

Este miércoles se dio a conocer que Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$1.200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

La demanda contra el país se debe a un “golpe muy fuerte” que la empresa sufrió a raíz de la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por la empresa, Enagás y Graña y Montero en el 2017.

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