Pleno aprobaría hoy reforma para supervisar los fondos partidarios

La Comisión de Constitución una vez más postergó el debate con respecto al retorno de la bicameralidad, debido a que en la sesión de ayer se invitó a representantes de la ONPE y del JNE para que den sus aportes.
Pleno aprobaría hoy reforma para supervisar los fondos partidarios

Pleno aprobaría hoy reforma para supervisar los fondos partidarios

26 de Septiembre del 2018 - 17:18 » Textos: Óscar Cornetero (ocornetero@grupoepensa.pe) / Karina Valencia (kvalencia@grupoepensa.pe) » Fotos: Joel Alonzo

El pleno del Congreso debatirá hoy el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Constitución con respecto al financiamiento de los partidos políticos. Así lo informó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a través de su cuenta en Twitter. Para ello convocará a una reunión de la Junta de Portavoces con el objetivo de ampliar la agenda plenaria y poner a debate la norma.

Ayer, la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (FP), aprobó tras cinco horas de debate el segundo proyecto de reforma constitucional propuesto por el Poder Ejecutivo con miras a ser ratificado en el referéndum del próximo 9 de diciembre.

Con 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, fue aprobado el dictamen elaborado por dicha comisión.

Cabe precisar que el pasado lunes Salaverry anunció que era muy probable que estos proyectos de reforma constitucional sean aprobados antes del 4 de octubre.

Correcciones

El proyecto inicial enviado por el Ejecutivo -que recomendaba modificar el artículo 35 de la Constitución para garantizar la transparencia e integridad de los aportes que reciben las organizaciones políticas en periodo ordinario y durante las campañas electorales- sufrió algunos cambios importantes.

Es así que solo se aprobó que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley; además, que esas organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y que su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.

“La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos”, dice el documento.

También agrega que solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto en la forma prescrita por la ley.

En ese punto, se establece que el financiamiento de los partidos puede ser público y privado pero no corporativo (es decir, a través de empresas), y que su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción se realiza de acuerdo a ley, es decir, a través de la ley orgánica.

La modificación también se refiere al financiamiento público y sostiene que a través de este se promueve la participación y fortalecimiento de los partidos con criterios de igualdad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas. Explica también que el financiamiento ilegal genera sanción administrativa, civil y penal de acuerdo a ley.

Debate

En la Comisión de Constitución, el debate se inició con Rosa Bartra entregando el dictamen elaborado por la Secretaría Técnica, en la que se realizaron las modificaciones respectivas a la iniciativa del Ejecutivo.

Cabe señalar que en un artículo el Ejecutivo proponía que los aportes a los partidos políticos sean bancarizados y que estas organizaciones rindan cuentas sobre sus ingresos y egresos evitando el financiamiento de procedencia prohibida; sin embargo, algunos integrantes de la bancada de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y el APRA se manifestaron en contra. Por ello, dicho párrafo fue retirado del dictamen.

Yonhy Lescano (AP) sostuvo que actualmente existen candidatos vinculados al narcotráfico, al lavado de activos y a otros delitos que postulan al Parlamento “usando dinero de esos delitos” y cuando son elegidos se dedican a responder intereses personales.

En ese sentido, Lescano pidió que no se omita del dictamen que los aportes sean bancarizados. “Eso se está quitando de ese artículo y debería ser colocado. Eso no aparece en el artículo, me parece que debe prohibirse la no bancarización”, señaló.

Añadió que tampoco se ha considerado que las personas procesadas estén prohibidas de hacer aportes políticos. Agregó que toda persona que está convencida de apoyar a un partido debe ir y depositar hasta S/1 en el banco.

La discrepancia empezó con Mario Mantilla (FP), quien subrayó que hay muchos pueblos alejados del Perú en los que no existe un banco para colocar estos aportes mínimos. Esto fue respaldado por Javier Velásquez (APRA) quien calificó como “una broma” que Lescano esté a favor que los ciudadanos de los sitios alejados acudan a un banco a dar sus aportes.

A su turno, Úrsula Letona (FP) consideró que hay “aspectos que no deben estar en la Constitución”, como el de detallar cada aporte a un partido político por mas pequeño que sea.

Marisa Glave (NP) exigió que se coloquen “candados constitucionales” para que el financiamiento de los partidos sea transparente. “Hay financiación oscura, no declarada, precisamente por el caso de Susana Villarán, y espero que nunca más se repita algo así”, manifestó.

Richard Acuña (APP) recomendó que se modifique la ley sobre financiamiento partidario y se incluyan las sanciones penales y administrativas del caso a las organizaciones que reciban aportes irregulares. “La bancarización de los aportes debe ser desde el 50% del valor de una UIT”, planteó.

Entre tanto, Luis Galarreta cuestionó que ahora la mayoría de bancadas apoye que todo tipo de financiamiento sea bancarizado. “Ahora dicen para nadie financiamiento privado porque ya no está Odebrecht, ya no está Lula, ya no está el socialismo del siglo XXI que daba plata”, señaló en tono irónico. Rolando Reátegui (FP) enfatizó que las organizaciones no gubernamentales (ONG) no pueden financiar a un partido político.

En el dictamen también se descartó que se reciban aportes privados con los topes y modalidades establecidos por ley. Por ello, acordó que solo se puede recibir fondos públicos producto del financiamiento público directo e indirecto.

Sobre el financiamiento privado, Rosa Bartra precisó que deben estar bancarizados los ingresos por realización de actividades proselitistas, aportes en efectivo, los aportes productos de su patrimonio y créditos financieros.

“Todo aporte privado que supere 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) tiene que ser bancarizado y los aportes menores a eso deben tener un recibo que dé cuenta de quién ha hecho el aporte y por cuánto ha sido su aporte. Todo eso está en el artículo 30 de la ley”, señaló.

Otra de las omisiones del proyecto inicial fue que los aportes no declarados se presuman como de fuente prohibida, así como los aportes anónimos de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, lavado de activos, terrorismo, según ley.

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