Pedro Castilllo Terrones y su defensa no lograron convencer al juez Juan Carlos Checkley. El magistrado amplió el plazo de la prisión preventiva hasta agosto de 2025.
Pedro Castilllo Terrones y su defensa no lograron convencer al juez Juan Carlos Checkley. El magistrado amplió el plazo de la prisión preventiva hasta agosto de 2025.

En el caso por rebelión que afronta el expresidente Pedro Castillo, el Poder Judicial resolvió acoger el pedido de la Fiscalía de la Nación y amplió por 14 meses el plazo de la prisión preventiva contra el ex mandatario.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso, en consecuencia, que el nuevo plazo de prisión preventiva contra Castillo Terrones corre del 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025.

Cabe recordar que el plazo anterior de prisión preventiva se extinguió el 6 de junio de 2024.

La fiscalía demandó una ampliación por 18 meses. El PJ autorizó solo 14 meses de ampliación.

El caso por rebelión, más conocido como golpe de Estado, se encuentra en etapa preparatoria, vale decir en la fase intermedia del proceso.

El expresidente ni su defensa legal han reaccionado aún de manera pública sobre esta decisión judicial.

La semana anterior, Walter Ayala, abogado del exmandatario para este caso, rechazó una posible ampliación y demandó que su patrocinado sea procesado en libertad, bajo comparecencia con restricciones.

RAZONABLE

La Fiscalía sustentó su pedido de ampliación en la naturaleza compleja del proceso judicial y la necesidad de asegurar la presencia del investigado hasta la emisión de sentencia.

En tal sentido, la Fiscalía de la Nación sostuvo que su petición era razonable.

Durante la audiencia, el juez Juan Carlos Checkley Soria desestimó los pedidos de la defensa de Castillo que solicitó la anulación de la prisión preventiva y de las diligencias preliminares y resoluciones que ratifican dichas medidas.

Según la Fiscalía, presisten riesgos procesales como el peligro de fuga (constantes visitas de congresistas al penal de Barbadillo), y la condición de asilados de sus familiares en México, signos que evidenciarían falta de arraigo en el país, entre otros hechos.