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El Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, en el marco de una investigación preliminar del Ministerio Público por presunto lavado de activos agravado en perjuicio del Estado.
La medida fue aprobada por el juez Fernando Valdez Pimentel, quien declaró fundado el pedido del fiscal para casos de lavado de activos, José Espinoza.
La solicitud busca acceder al registro histórico de llamadas y mensajes de Hurtado y de otras 20 personas vinculadas a su entorno personal y profesional.
Entre los comprendidos figuran sus hijas, Gennesis y Josetty Hurtado, en calidad de testigos; el actor cómico Jorge Benavides; el futbolista Roberto Siucho y su hermano Francisco Siucho; además del empresario Javier Miu Lei, la ciudadana venezolana Damaris Moreno y Kelly Medina, entre otros allegados al exconductor televisivo.
Según la resolución judicial emitida el 17 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, las empresas de telecomunicaciones del país deberán remitir al Ministerio Público, en un plazo máximo de siete días, el registro histórico de llamadas y mensajes de texto —entrantes y salientes, locales, nacionales e internacionales— correspondientes a los números telefónicos vinculados a las personas incluidas en la medida.
El documento precisa que el acceso autorizado comprende el periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 17 de octubre de 2025, tiempo durante el cual la Fiscalía podrá analizar las comunicaciones como parte de la investigación por presunto lavado de activos.
Asimismo, el juez ordenó que las operadoras informen a la Fiscalía todas las líneas telefónicas adquiridas por las personas incluidas en la disposición y cualquier otro dato que consideren relevante para la investigación.
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