Susana Villarán pasó la noche en la carceleta del INPE tras recibir 18 meses de prisión preventiva

Sus palabras la comprometieron. Durante los últimos cinco años,  de la Puente negó todo vínculo con el caso “Lava Jato”, pese a que diversos testimonios la sindicaban como beneficiaria de $10 millones de aportes económicos de origen ilícito de OAS y Odebrecht para las campañas del “No” a la revocatoria y su reelección.

Sin embargo, la presentación de nuevos elementos de convicción de la Fiscalía que contradicen sus alegatos y la presunta obstaculización a la justicia que habría manifestado como “líder de su propia organización criminal” fueron sustento suficiente para que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz dictara ayer 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Villarán de la Puente es acusada por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos (ver infografía).

Pese a que la Fiscalía solicitó inicialmente 36 meses para la exalcaldesa, el plazo de la medida cautelar fue disminuido a consideración del magistrado, quien indicó que el tiempo resuelto “abarca lo que correspondería para la culminación de su investigación, la etapa intermedia y juzgamiento”.

El juez Chávez manifestó que “existe un gran avance” en el caso contra la exautoridad edil, por lo que recabar las declaraciones de investigados extranjeros, en alusión a las actuaciones en Brasil que deben solicitarse vía Unidad de Cooperación Judicial Internacional, puede realizarse “en un plazo razonable” de tiempo.

Al término de la audiencia, la exautoridad edil fue conducida a la carceleta del Poder Judicial, en el Centro de Lima, y hoy será llevada al penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

El último sábado, Villarán admitió haber recibido financiamiento de las referidas empresas brasileñas, pero su situación no cambió para el Ministerio Público.

La Fiscalía apelará el plazo dictado; mientras que la defensa legal de Villarán, a cargo del abogado Iván Paredes, apelará la totalidad de la medida.

Sesión

Durante la audiencia de tres horas, la fiscal Angela Zuluaga, del Equipo Especial Lava Jato, manifestó que la exburgomaestre “orquestó un entramado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, nombrando a gerentes a su antojo”, pese a que durante su gestión se desarrollaba un proceso de revocatoria en su contra.

Ante ello y junto al exgerente municipal José Miguel Castro, a fin de buscar “mantenerse en el poder”, se pusieron en contacto con las empresas OAS, que venía ejecutando el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, que había presentado la obra de iniciativa privada “Vías Nuevas de Lima”.

La representante de la Fiscalía manifestó que Castro solicitó $3 millones a OAS, a cuyo representante le explicó que “la campaña del No a revocatoria costaría $8 millones, que sería repartido entre las empresas privadas con licitaciones” en el municipio.

Barata, en su declaración ante las autoridades peruanas, sostuvo que Odebrecht también entregó un monto similar para la mencionada campaña a pedido de Miguel Castro.

“La procedencia del dinero provino de la Caja 2 (de Odebrecht) y la Controladoría en el caso de OAS”, indicó.

Explicó que OAS fue beneficiada con la polémica firma de la Adenda N°1, que extendió la concesión de 30 a 40 años; mientras que Odebrecht recibió la adjudicación del proyecto presentado. La fiscal recalcó que ambos procesos no contaron con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pese a ser requisito. Ello, a cambio de modificar y adjudicar concesiones a su favor.

También expuso la presencia de empresas que “tuvieron directa vinculación” con la campaña del No a la revocatoria y personajes del ambiente artístico, que tuvieron contratos con el municipio tras el proceso electoral a modo de “contraprestación”.

Fundamento

Zuluaga indicó que de parte de Villarán existía peligro de obstaculización en el proceso y citó, como ejemplo de ocultamiento, que ella negara a la Fiscalía conocer a los miembros de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y cuando fueron hallados en su casa el libro y actas de dicha organización, durante un proceso de allanamiento.

Recalcó que Villarán de la Puente ha manifestado un “comportamiento inadecuado” ante las diversas inasistencias a citaciones que ha convocado la Fiscalía en otros casos que pesan en su contra; además de advertir su capacidad para “influir” en sus coprocesados (Miguel Castro y el exfuncionario edil Gabriel Prado, a quien se le abrió una cuenta a su nombre en la Banca de Andorra).

En ese sentido, señaló que las recientes declaraciones de Villarán, donde admite recibir dinero de las empresas brasileñas, muestran “un pacto de impunidad” que habría gestado junto a Castro “para que el Ministerio Público no pueda llegar a la verdad”.

“(Villarán) es líder de su propia organización criminal”, apuntó Zuluaga.

Finalmente, la fiscal sostuvo que su institución considera que la acusada y los coprocesados aún tienen “en su poder” parte de los $4 millones entregados por OAS para la campaña de la reelección del 2014, debido a que en el informe entregado a la ONPE por el exregidor Marco Antonio Zeballos indicaba que los ingresos por aportes ascendían a los S/1’336,600, pero se refirió que la suma de gastos en publicidad era de S/3’851,513.

Defensa

El abogado de Villarán, Iván Paredes, sostuvo que la exalcaldesa aceptó el último fin de semana los aportes de OAS y Odebrecht “por convicción” y descartó que dicho acto se basara en presiones de un supuesto nuevo colaborador eficaz.

Argumentó que la exalcaldesa ha participado en las diligencias del Ministerio Público que ha tenido desde que dejó su cargo como titular del municipio capitalino; y solicitó al juez que considere dictar detención domiciliaria a su patrocinada, alegando que en agosto próximo Villarán cumplirá 70 años y que “no ha aumentado” el peligro de obstaculización.

“No se debería dar la variación por lo señalado en esta fundamentación. Lo que le estoy diciendo es que en el supuesto de que crea que no se ha cumplido con las restricciones, (debe) tener en cuenta la detención domiciliaria (...) y el peligro de fuga y obstaculización no ha incrementado”, expresó.

Paredes sostuvo que su defendida venía cumpliendo las condiciones en torno a la medida de comparecencia restringida, dictadas en agosto del año pasado; y que ante su cambio de domicilio presentó documentación de interés ante la Fiscalía, entre ellos, un contrato laboral vigente hasta setiembre de este año.

Además, recalcó que la exalcaldesa solicitó que la citen a declarar a la Fiscalía para admitir los aportes ante la autoridad correspondiente.

Tras ello, Susana Villarán tomó la palabra para remarcar que jamás eludió a la justicia porque cree en ella. Trajo a colación que luchó en las calles para lograr una justicia que no sea dependiente del régimen autoritario de la década del 90.

“Yo no soy de las personas que evaden a la justicia. Soy de las personas que siempre han dado la cara. Y lo hago por dignidad, porque tengo tres hijos, seis nietos. Tengo una familia a la que yo le respondo siempre con la verdad en la cara. Y porque hay mucha gente que votó por mí y que cree en mi palabra”, dijo ante el juez Jorge Chávez Tamariz.

“Jamas eludiré a la justicia porque creo en ella”, insistió. Admitió, de paso, que el audio difundido el último domingo es real: “Fue una reunión para esclarecer, no para generar coartadas”.

En tanto, José Miguel Castro informó más temprano al Poder Judicial que renunció a su defensa legal, que estaba a cargo de José Borrego Sánchez; y solicitó tener la asistencia de uno de oficio para el resto de las sesiones.