La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el inicio de las diligencias preliminares contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por el presunto delito de negociación incompatible.
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La medida incluye a Rosa Isabel Sánchez Arenas, supuesta proveedora de servicios de dicho portafolio, por el mismo delito. Esto surge a raíz de un informe periodístico de Willax que sugiere que Mucho Mamani habría mostrado interés en la contratación de Sánchez Arenas por un monto de S/ 40,000. Además, se señala que ambos mantenían una relación amistosa antes de la contratación.
Según lo expuesto en “Beto a Saber, la funcionaria no cuenta con estudios superiores registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pero esto no le impidió obtener una orden de servicio.
En la solicitud presentada al Ministerio Público, el procurador Javier Pacheco pide como actos de investigación la documentación relacionada con esa contratación y la realización de diversas diligencias fiscales para esclarecer objetivamente el caso.
En la víspera, Mucho Mamani respondió ante el Congreso por su relación con la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. y la minera Southern Perú, a cargo del proyecto minero Tía María.
El pliego de preguntas constaba de 17 interrogantes y mencionaba que la empresa, de la cual Mucho Mamani sería socio accionista, brinda servicios a Southern Perú, titular del proyecto paralizado. Mucho reconoció ser fundador y haber sido gerente general desde el 5 de octubre de 2001 hasta el 13 de febrero de 2024, con el 63% de las acciones que mantiene hasta la fecha por disposición legal.
Comunicado del Minem
Tras la solicitud de la Procuraduría a la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Energía y Minas respondió a las acusaciones contra Rómulo Mucho y consideró que el reportaje “ofende la honra del señor ministro”. Además, enfatizan que la orden de servicio Sánchez Arenas estaba compuesta de 5 entregables “cuyo pago asciende a S/8,000 cada uno”.
Finalmente expresan su total disposición a facilitar la información necesaria a las autoridades de control correspondientes para que realicen las investigaciones pertinentes y “demostrar la regularidad de los hechos”.
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