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El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley 30737 que asegura el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción que reemplaza al Decreto de urgencia 003.
La norma dispone la suspensión de transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva, informó Andina.
Dichas medidas aplicarán para las personas jurídicas que tengan sentencia firme por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.
También para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.
El texto del dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.
En ese marco, los socios o consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil; suspender las transferencias al exterior implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.
