La congresista no agrupada, Kira Alcarraz Agüero, presentó el pasado 12 de marzo un proyecto de ley que busca modificar la Ley N.º 31873, norma que regula los procesos de ascenso del personal de la Policía Nacional del Perú. La parlamentaria plantea esta iniciativa con la finalidad de valorar los logros y aportes de los agentes que destacan en la lucha contra la delincuencia.
El proyecto, registrado como el N.º 14223/2026-CR, fue presentado a través de la plataforma institucional del Congreso de la República. En el documento se propone la creación de una nueva modalidad de ascenso que reconozca el desempeño sobresaliente de los policías durante el ejercicio de sus funciones.
La propuesta busca estimular el mérito, la vocación de servicio y el compromiso del personal policial. Según Alcarraz, se pretende incentivar conductas ejemplares que contribuyan de forma directa a la protección de la vida, el orden interno y la seguridad ciudadana.
El texto señala que esta modificación permitiría el ascenso por acción destacada tanto para oficiales como para suboficiales de la institución. En esa línea, establece que el beneficio no dependerá de la existencia de vacantes disponibles dentro del cuadro de ascensos.
El documento detalla el alcance de la medida incorporando un nuevo literal al artículo 6 de la Ley N.º 31873.
“Para oficiales: Desde el grado de teniente hasta el grado de teniente general. Para suboficiales: Desde el grado de suboficial de segunda hasta el grado de suboficial superior. El otorgamiento de esta modalidad no está sujeto a la existencia de vacantes”, indica la iniciativa.
Además, el proyecto propone añadir un nuevo requisito al artículo 7 de la misma ley, el cual regula las condiciones que los agentes deben cumplir para ser promovidos. Este punto busca reforzar la transparencia en los procedimientos de ascenso dentro de la PNP.
El texto especifica que los efectivos que postulen a esta modalidad no deberán contar con sanciones disciplinarias vigentes ni estar sometidos a procesos administrativos por faltas graves o muy graves. También deberán cumplir con los tiempos de servicio y las demás condiciones establecidas en la ley y su reglamento.
La evaluación de los casos quedará a cargo de una junta especializada que revisará los méritos y el impacto de las acciones realizadas por los postulantes. Este órgano considerará su contribución a la sociedad y el reflejo de sus actitudes en el cumplimiento del deber.
Finalmente, el documento dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, deberá adecuar el reglamento a las disposiciones propuestas. El plazo para implementar las modificaciones no podrá superar los 120 días calendario contados desde la entrada en vigencia de la norma.
