Antes de dejar el cargo de procurador anticorrupción, Amado Enco presentó a la Fiscalía un pedido para incluir al presidente Martín Vizcarra; la ministra de Economía, María Antonieta Alva; y los exministros Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora, entre otros.  Se trata de la investigación penal por la presunta compra irregular de pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19.

El documento de Enco -con fecha 23 de octubre y al que accedió Correo- señala que Vizcarra junto a los otros implicados “habrían concertado con empresas privadas para adquirir masivamente pruebas serológicas” a través de la emisión de decretos de urgencia como el No. 028-2020.

Este decreto, emitido el pasado 19 de marzo, “permitió viabilizar la adquisición de las pruebas rápidas” y, con ello, favorecer en la contratación a tres empresas: Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú, Multimedical Supplies SAC, Diagnostica Perú y Delta Lab EIRL.

Según el documento de la Procuraduría, un día antes de la emisión del decreto, se habría producido una reunión en la sede del MEF con la  presencia de Vizcarra y la ministra Alva, entre otros, y no en el Minsa, que es la entidad que requiere las pruebas para el diagnóstico del virus.

La Procuraduría también alegó que los denunciados habrían dado indicaciones a funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el MEF y Perú Compras para viabilizar los pedidos de compras, presupuesto y permisos sanitarios. Este accionar habría causado un perjuicio de S/ 100 millones.

PESQUISA. El caso es investigado por el fiscal Reynaldo Abia, quien deberá remitir el documento de Enco a la Fiscalía de la Nación para evaluar la situación del presidente Vizcarra, Alva Luperdi, Hinostroza y Zamora por su prerrogativa de antejuicio.

Por estos hechos, Enco pidió al fiscal Abia investigar a César Cabezas, director del INS, y otros ocho funcionarios del Ministerio de Salud.