Reparaciones en peligro

Excongresistas, un extestaferro de Vladimiro Montesinos, exministros fujimorista y efectivos policiales sentenciados por corrupción figuran en la lista de los que han tenido que pagar sus reparaciones civiles en lo que va del 2014.

Según la Procuraduría Anticorrupción, solo en el primer semestre de este año se han logrado recuperar S/.1'527,690.

Sin embargo, el procurador Christian Salas sostuvo que este trabajo de recuperación de deudas a sentenciados por corrupción se puede ver mermado debido a que el Poder Judicial ha desactivado salas especializadas en el cobro de reparaciones.

Salas declaró a Correo que en febrero del 2014 fueron desactivados el Segundo y Tercer Juzgado Penal Liquidador y su carga laboral fue derivada al Primer Juzgado Penal Liquidador.

Sin embargo, este juzgado, a cargo de Marlene Neyra, tiene un personal limitado (tres servidores administrativos) y debe atender una ingente carga procesal.

Entre los casos más destacados en estos seis primeros meses figuran el cobro a los sentenciados excongresistas Waldo Ríos, que postula al Gobierno Regional de Áncash (S/.52,000), y Ernesto Gamarra (S/.126,000).

También están los extestaferros de Montesinos Lourdes Muñoz Rodríguez (S/.80,000) y Concha Aragón (S/.30,000).

"Preocupa la actual conformación del Juzgado Penal Liquidador Transitorio de la Corte Superior de Lima y la repercusión en las actividades de cobro de reparaciones civiles por parte de la Procuraduría Anticorrupción", dijo Salas.

Lo concreto ahora es que el único juzgado que quedó a cargo del cobro de reparaciones debe revisar 160 casos complejos en ejecución de sentencia, con un total de 320 sentenciados por delitos contra la administración pública. Ello sin considerar los expedientes en los que la Procuraduría no es parte. Además, tiene bajo su conocimiento un número adicional de procesos de pérdida de dominio.

Salas añadió que hay además diversas incidencias que se presentan en cada proceso de ejecución, tales como requerimientos de pago, solicitudes y levantamientos de embargo, tasaciones, pericias, cálculo de intereses, entre otras, que demandan tiempo y logística.