Roberto Sánchez Palomino registra la más baja tasa de efectividad legislativa entre los cuatro congresistas que compiten por la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.
El candidato de Juntos por el Perú presentó 38 proyectos de ley entre 2021 y 2026, pero apenas 10 de ellos llegaron a publicarse en el Diario Oficial El Peruano, un 26.3% de conversión.
Sus rivales presidenciales doblan ese rendimiento. José Luna Gálvez y José Williams Zapata alcanzan el 42% cada uno, mientras Roberto Chiabra León llega al 34.8%.
Desglose
Los números desagregan este panorama con mayor precisión. Al cierre de esta edición, 18 de los 38 proyectos de Sánchez permanecen en comisión, mientras que cuatro figuran en “Orden del Día”; es decir que estarían por debatirse.
Tres alcanzaron el estado de dictamen y una de autógrafa. Solo una fue derivada al archivo y otra está en la agenda del pleno. Esta es la Ley que declara de Interés Nacional el desarrollo del proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Atlántico y Pacífico (CFBAP), iniciativa que busca conectar los puertos de Brasil y Perú.
Entre sus proyectos de ley figuran otros tres de naturaleza declarativa.
El primero declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Chumbivilcas, en Cusco. El segundo promueve y pone en valor el consumo del “chancho al palo” como plato típico de la provincia de Huaral y el último declara el 21 de octubre de cada año como día de duelo nacional en homenaje a los fallecidos por la COVID-19.
Para la docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Sur, Alexandra Ames, ese patrón revela una comprensión deficiente del proceso legislativo.
La politóloga sostiene que presentar proyectos declarativos indica que el parlamentario no conoce la importancia de la producción normativa.
“Este es el principal error de los congresistas, pues la mayoría considera que solo aprobando una ley las cosas cambiarán por arte de magia. Lo que se necesita es un entendimiento de cómo funcionan las políticas públicas y cómo debe ser el análisis de costo-beneficio y de impacto regulatorio sobre el comportamiento de las personas”, precisó.
Agenda
Los temas de discapacidad constituyen el eje más consistente del mandato de Sánchez y también el de mayor rendimiento.
El congresista presentó cinco proyectos en esa materia y logró publicar tres, su mejor ratio temático.
No obstante, su agenda minera muestra una línea de tiempo diferente. Durante la primera parte de su periodo parlamentario, su producción estuvo enfocada en temas sociales y económicos.
Sin embargo, entre 2024 y 2025, Sánchez presentó tres iniciativas vinculadas a la minería informal, en paralelo al avance del calendario electoral.
Propuso un proyecto marco de minería con prácticas ancestrales, una propuesta para desconcentrar concesiones mineras “ociosas”, y modificaciones a la ley de formalización de pequeña minería y minería artesanal, la cual fue promulgada y amplió el plazo de “formalización” hasta el 31 de diciembre de 2026.
No obstante, el experto en Derecho Ambiental, César Ipenza, comentó que hay al menos diez proyectos de ley vinculados a la minería informal e ilegal en los que Sánchez figuró como coautor o impulsor desde la Comisión de Energía y Minas.
Entre ellos destacan iniciativas para ampliar el plazo del REINFO, regular la comercialización del oro artesanal, establecer un marco legal especial para la pequeña minería y proteger a los mineros de pequeña escala frente al crimen organizado.
Ipenza advierte que ese giro no fue gradual ni casual porque, antes de 2024, Sánchez no tenía ninguna intervención en materia de minería y que su aparición en ese mundo fue repentina.
“Empieza casi a ser un dirigente minero. Haciendo cálculo político, recién ha tomado esto desde 2024 para obviamente captar el interés y los votos o el financiamiento de los mineros informales”, sostuvo el abogado.
Promulgadas
Las 10 iniciativas que sí se convirtieron en ley permiten trazar un perfil de las prioridades más sostenidas de Sánchez. Una es la Ley de Reforma Constitucional que incorporó la denominación “persona con discapacidad” en los artículos 2, 7 y 23 de la Constitución Política del Perú, una modificación de rango constitucional aprobada en 2023.
En esa misma línea, impulsó la incorporación de la Alerta Amber para personas con discapacidad desaparecidas y la creación de la Comisión Ordinaria de Personas con Discapacidad en el Congreso.
También logró publicar la ley que regula la constitución y funcionamiento de las ollas comunes, la creación de la Universidad Nacional de Huaral, la denominación de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes como Universidad Nacional de Bellas Artes del Perú, y el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay.
Así como, la declaratoria de necesidad pública para la conservación del Mercado de San Pedro del Cusco y, mencionada anteriormente, las modificaciones puntuales a normas de formalización minera bajo el proyecto de ley 11871/2024.
El analista político José Requena explicó que la promulgación de una ley no es solo un indicador de calidad, sino de influencia.
Requena señala que lograr que algo esté promulgado no necesariamente habla de la calidad de la propuesta, sino de la capacidad que tiene el congresista para juntar votos y adhesiones.
“La promulgación es más una medida de influencia, la capacidad de convencer a sus colegas y, en el mejor de los casos, de convencer. Porque otras veces es un intercambio de favores y, en algunos casos más complejos, incluso un beneficio material, al menos según denuncias o sospechas”, indicó.
Contienda
José Luna Gálvez, José Williams Zapata y Roberto Chiabra León completan el grupo de parlamentarios que buscan la presidencia desde una curul, y los tres lo superan tanto en volumen de iniciativas como en tasa de conversión.
José Luna Gálvez encabeza el grupo con 81 proyectos presentados entre 2021 y 2026, de los cuales 34 fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano. Su tasa de efectividad alcanza el 42%, la más alta del grupo junto a Williams. Su agenda abarca protección al consumidor, sistema previsional, fiscalización y derechos financieros, con una producción que se mantuvo activa durante todo el periodo parlamentario.
José Williams Zapata convirtió 21 de sus 50 proyectos en norma vigente, igualando a Luna con un 42% de efectividad. Su producción se concentra en defensa, seguridad y Fuerzas Armadas, con iniciativas sobre uso de la fuerza militar, servicio militar y pensiones del personal policial y militar.
Roberto Chiabra León registra 46 proyectos presentados y 16 leyes publicadas, una tasa del 34.8%. Su agenda también gira en torno a defensa y orden interno, con proyectos de reforma constitucional y modificaciones a normas sobre carrera policial y militar. La producción legislativa de estos tres candidatos será analizada en detalle en próximas ediciones.
No obstante, Requena cuestionó la naturaleza de varias de las leyes promulgadas por estos. Para el analista, algunos congresistas con aspiraciones presidenciales promueven leyes que favorecen a distintos colectivos sin importar el equilibrio fiscal ni las consecuencias a largo plazo.
“La lógica que prima es voy a dar leyes, no me importa el equilibrio fiscal, no me importa las bombas de tiempo que dejo, pero me importa que voy a satisfacer a un grupo. Esa lógica es la que a veces prima en estos líderes políticos, pero no siempre se traduce en un favoritismo electoral”, subrayó.
En esa línea, el analista califica de irresponsable el comportamiento de muchos legisladores.
“Todas estas cosas de beneficios de jubilación, de incorporación de trabajadores CAS son cosas que denotan más que desconocimiento, yo te diría irresponsabilidad”, afirmó.
¿Presidenciables?
Requena sostiene que gobernar el Ejecutivo exige capacidades muy distintas a las de legislar.
“De los líderes que tienen un pie en el Congreso, creo que apuntan en ese sentido, pero como estamos viendo, no siempre eso se traduce en mejores posiciones en la arena electoral ni en mejores gobiernos”, señala.
El politólogo refirió que un presidente necesita demostrar habilidades de gestión reales, saber priorizar políticas públicas y hacerlas efectivas, y conectar con el más de un millón de trabajadores públicos que necesitan un norte claro para enfocarse en resultados.
Por su lado, Ames sostiene que no existe una correlación directa entre buen parlamentario y buen presidente, salvo que se evalúen variables como ser una persona intachable sin denuncias, tener aptitudes democráticas o conciliadoras, y estar preocupada por los resultados.
“Lo que he aprendido estos últimos años en la gestión pública es que si no se lidera y se inspira a ese millón de trabajadores del sector público, no vamos a poder modernizar realmente la gestión pública”, concluye Ames.
Requena comparte esa lectura y descarta además que el Congreso funcione como “trampolín” hacia la presidencia en el contexto actual.
El analista recuerda que los únicos casos en los que un legislador construyó desde el Parlamento una carrera que lo llevó al sillón presidencial fueron los de Alan García y Fernando Belaunde Terry, hace décadas.
“En tiempos recientes, el espacio parlamentario más bien ha deteriorado la imagen de quienes lo transitan. Percy Medina lo describe como una moledora de carne, porque lo más probable es que termines con algún problema”, concluye.
