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En los próximos días, la familia del expresidente Alberto Fujimori presentará el pedido de indulto humanitario.
Sin embargo, antes de pasar el caso a la consideración presidencial, el pedido será analizado por la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales.
Allí nace un primer problema: algunos de sus cuestionados integrantes generan serias dudas respecto a su proceder.
El primero que salta a la palestra es el presidente de la comisión, Óscar Manuel Ayzanoa Vigil, quien es conocido por su tendencia ideológica de izquierda.
Y es que en el año 2007 -como agente del Estado- Ayzanoa Vigil aceptó el allanamiento del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Castro Castro.
Con la acción de Ayzanoa, el Perú fue condenado por la Corte IDH como un estado violador de los derechos humanos por la muerte de 41 terroristas durante un motín registrado en ese penal en 1992.
En la sentencia, el tribunal internacional conminó al Estado peruano al pago de S/.3 millones a los familiares de los fallecidos.
Además, obligó a que se expresaran disculpas públicas a los terroristas que fueron catalogados como "víctimas".
OTRO CASO GRAVE. Pero el Estado peruano no solo fue conminado a pagarle a los deudos de los terroristas, sino que además, gracias al allanamiento de Ayzanoa, quedó obligado a pagar 75 mil dólares a la procesada por terrorismo Mónica Feria Tinta, quien actuó como abogada de los familiares del debelamiento del penal Castro Castro.
AFINES A LA CVR. Cabe mencionar además que Ayzanoa fue también consultor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyos integrantes acaban de reconocer que tuvieron errores y que debieron invitar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dar su versión de los hechos.
Otro de los que integra la Comisión de Indultos es Víctor Javier Arroyo Cuyubamba, quien es representante del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep).
El 9 de octubre del 2001, Arroyo -como representante del Conep- firmó un convenio con la CVR para asesorarla durante su trabajo.
Arroyo fue senador por Cambio 90, integró una comisión para investigar el caso Barrios Altos junto a Javier Diez Canseco, pero terminó pasándose a las filas de Unión por el Perú (UPP).
Otro miembro es el abogado Roger Rodríguez Santander, quien es actual profesor en la ex PUCP.
La cuarta integrante es la abogada Carmen Luz Ortega Paredes, quien además es licenciada en sicología.
También está María Laura Vargas Valcárcel, secretaria ejecutiva adjunta en la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), entidad conocida por ser una acérrima divulgadora del informe de la CVR.
