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El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva para los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, investigados por el caso Puente Tarata III.
La medida, establecida ayer por el juez Manuel Chuyo, también alcanza a los exfuncionarios de Provías Descentralizado Víctor Malpartida y Edgar Vargas, además de a los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera.
De esta manera, el magistrado declaró fundado el pedido de la fiscal Karla Zecenarro, quien imputa a los mencionados personajes, investigados por beneficiar al Consorcio Puente Tarata III con la licitación para la construcción del puente Tarata, en la región San Martín. A todos ellos se les acusa por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal en agravio de Estado.
PRÓFUGOS. El juez Chuyo también dispuso que se emitan las órdenes de detención y captura -para su internamiento en un penal- de los sobrinos del jefe de Estado y su exsecretario.
Como se recuerda, Fray Vásquez, Gian Marco Castillo y Pacheco están prófugos de la justicia desde el pasado 28 de marzo, cuando se dictó una orden de detención preliminar en su contra. Pese a ello, el último lunes los tres intentaron -sin éxito- participar en la audiencia de alegatos desde la clandestinidad.
La reclusión provisional, considerada “idónea” por el juez, será computada a partir de la fecha en la que se produzca la detención de los investigados, dado que varios de ellos fueron intervenidos en fechas distintas tras la orden para su captura.
Durante la lectura de su resolución, el magistrado sostuvo que existe peligro de fuga en Pacheco y en los sobrinos del mandatario, quienes no fueron ubicados durante las diligencias de allanamiento y detención que las autoridades ejecutaron semanas atrás, ni después.
En el caso de los parientes de Castillo, el juez Chuyo recalcó que el peligro se incrementa porque, pese a tener una orden impedimento de salida del país, no han sido hallados por la Policía y no cuentan con arraigos debidamente acreditados.
Los abogados de los siete investigados adelantaron que apelarán la decisión.
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