Subcomisión archiva tres acusaciones constitucionales

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Esther Capuñay Quispe (SN), declaró improcedentes y envió al archivo tres denuncias constitucionales presentadas contra altos funcionarios del Estado.

Se informó que se declaró improcedentes en un caso por considerar que el Congreso carece de facultades para hacer cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, y en dos casos porque los denunciados cumplieron con hacer uso de sus atribuciones legales.

La primera acusación era contra el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, y señala una supuesta infracción al artículo 139° de la Constitución Política, por no haber cumplido con las sentencias de la Corte-IDH y del TC, que lo favorecían respecto al beneficio de pensión nivelable.

El denunciante buscaba que el Congreso dispusiera el cumplimiento de esos pronunciamientos. Sin embargo, esa facultad no está contemplada en la Constitución ni en el reglamento parlamentario.

La segunda acusación desestimada era contra los miembros del TC Juan Vergara, Carlos Mesía, Ricardo Beaumont, Fernando Calle, Ernesto Álvarez, Gerardo Eto y Óscar Urviola, y el fiscal supremo José Peláez, por supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, discriminación, abuso de autoridad, prevaricato y contra la fe pública, e infracción al artículo 139 de la Constitución, presuntamente perpetrados en su contra al separarlo de su cargo de vocal superior.

Sin embargo, conforme a los documentos analizados, los denunciados cumplieron con sus atribuciones de no ratificar al denunciante, por no cumplir con los requisitos para el cargo. Además, el TC había desestimado la acción de amparo que presentó en esa instancia, por lo que se trataba de un caso de cosa juzgada.

La tercera y última acusación desestimada era contra los magistrados Gonzalo García, Gastón Soto, Pablo Talavera, Luis Maezono, Luz Guzmán Díaz y Máximo Herrera, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Según el documento, los denunciados habrían cometido el delito de abuso de autoridad, por presuntamente haber incumplido lo establecido en el Reglamento que regula los procesos de ratificación de magistrados y haber abusado de sus atribuciones con ocasión del ejercicio de los cargos de presidentes de ese organismo de control de la magistratura.

La documentación recabada ha permitido establecer que el denunciante no fue ratificado al no haber aprobado el examen al que fue sometido. Sus respuestas no satisficieron al jurado.