Subcomisión: Inicia el proceso de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio el primer paso para avanzar en la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.

Y es que el grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones (APP) incluyó en su agenda de mañana a las 11:00 a.m., la denuncia contra el mandatario por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión,

Si bien el caso todavía no será analizado, si se dará cuenta de la denuncia, un paso importante debido a que a partir de ese momento la SAC tendrá 10 días para emitir un informe en el que dirá si es procedente o no, es decir, si iniciarán una investigación que podría terminar en un informe que daría luz verde para que la Fiscalía de la Nación avance en el proceso judicial contra el mandatario.

PLAZOS

Ayer por la mañana, Lady Camones, presidenta de la SAC, explicó por qué se le da prioridad a la denuncia contra el jefe de Estado.

“La prioridad se da no por un ánimo de ir en contra de la investidura, sino porque es un hecho histórico que pone en riesgo la democracia y la estabilidad jurídica”, precisó.

En esa línea, señaló que luego de dar cuenta de la denuncia, el grupo de trabajo emitirá un informe de calificación en 10 días para declarar la procedencia o no de la denuncia.

De ser afirmativo, el caso será elevado a la Comisión Permanente en las 48 horas posteriores, para pasar por una segunda aprobación.

De ser efectiva, la Subcomisión iniciará el proceso de elección de un delegado a cargo de la denuncia, citar a la demandante, a los denunciados, testigos y revisar otros elementos, para finalmente emitir un informe final que debería llegar hasta el pleno del Congreso.

Por ello, la apepista evitó dar un plazo estimado para conocer el resultado del informe final en la SAC.

Además, Camones aclaró que la calificación de la denuncia “no le compete al presidente ni al premier, sino a la SAC”.

Su declaración se da en respuesta a las críticas que ha tenido el gobierno contra la denuncia.

DIFICULTAD

La fiscal Marita Barreto, quien lidera el Equipo Especial del Ministerio Público Contra la Corrupción en el Poder, evidenció ayer la dificultad que tiene la institución para realizar la indagación contra la red criminal que lideraría el presidente Castillo, esto debido al poder que se maneja desde el gobierno.

“Todavía hay muchas aristas que investigar, pero la presión del poder de la que estamos siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos y esa es la diferencia en una organización criminal estructurada”, afirmó.

En diálogo con canal N, la fiscal Barreto destacó que existe una estructura criminal que ha sido reforzada y potenciada, sobre la cual tienen pruebas suficientes para presentar en un proceso judicial.

Sobre las pruebas contra la red se pronunció en el mismo sentido el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que tiene a cargo el área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito.

“Tenemos graves y fundados elementos que nos permiten sostener que hay una organización criminal que estaría liderada por el presidente Castillo Terrones y que se habría enquistado en diversos estamentos del Estado”, manifestó.

Además, le respondió a quienes afirman que la fiscal de la Nación atenta contra el artículo 117 de la Carta Magna.

“El artículo 117 de la Constitución brinda protección al presidente y señala las cuatro situaciones en las que se le podría someter a un proceso penal, pero este precepto constitucional, si bien su fin es darle inmunidad, pero no puede ser impunidad”, aclaró el fiscal.

Además, argumentó que los fiscales actúan en función del permiso que tienen desde el sistema judicial.

“No se vulnera el 117 porque nosotros estamos actuando en función de lo que ha autorizado el órgano jurisdiccional. La Corte Suprema nos ha autorizado a desarrollar actos de investigación preliminar. El procesamiento, la acusación penal es una etapa muy posterior”, aseguró.

Por otro lado, se refirió al camino que seguiría la denuncia si es que se aprueba en el Parlamento.

“Esperamos que el Congreso emita o decida una acusación constitucional que permita al Ministerio Público continuar con la secuela del proceso”, precisó el fiscal Huamán.

Es decir, la Fiscalía estaría autorizada para formalizar la investigación preparatoria.

RESPUESTA

Ayer por la tarde, el Consejo de Ministros ofreció una conferencia de prensa que se enfocó en defender al gobierno.

A diferencia de la que se dio el martes en la noche en Palacio solo con prensa extranjera, en esta oportunidad no se contó con la presencia del presidente Castillo para responder a los graves cuestionamientos en su contra.

Durante su alocución, el premier Aníbal Torres aprovechó para arremeter contra la denuncia.

“Es totalmente improcedente porque no se ajusta a los artículos señalados en la Constitución”, afirmó.

Torres adelantó que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una opinión sobre la denuncia.

“Ni el artículo 25, ni el artículo 30 de la Convención son auto ejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la convención directamente como tal”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el ministro Félix Chero (Justicia), quien minimizó la denuncia contra el presidente Castillo.

“Con una sospecha inicial simple han ido al Congreso de manera inconstitucional, violando la Constitución, inventando una nueva causal”, reclamó.

Más temprano, el ministro Alejandro Salas (Trabajo) recurrió al argumento del plan de la oposición para sacar al mandatario de su cargo.

“Lo único es que estamos viendo por parte de la agenda del Legislativo es la forma de irrumpir en un mandato que se ejerce por elecciones generales”, dijo en TV Perú.

Por otro lado, la ministra de Cultura, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, además de infracción a los artículos 117, 146 y 159 de la Constitución.