Tras la virtual ruptura del diálogo con el Congreso de la República, el sector de transportistas de servicio urbano que promovió el paro los días 10 y 11 de octubre anunció que irían a una “paralización nacional indefinida”.
Esta reacción obedece, explicó el dirigente Julio Campos, vicepresidente de la llamada Alianza Nacional de Transportistas, a la negativa de los representantes del Congreso de la República a derogar la Ley 32108, conocida como ley contra el crimen organizado y el archivo de la Ley de Terrorismo Urbano.
Anoche, en una conferencia de prensa, Campos aclaró que la convocatoria a una paralización indefinida es, por ahora, una propuesta.
“Eso va a depender de que tengamos un consenso en el transcurso de la semana”, dijo en Canal N.
Por la tarde, con ánimo caldeado, había dicho: “Estamos indignados con este Congreso, que nos ha hecho esperar horas para discutir la derogación, y nos han informado que no se derogarían las leyes de crimen organizado y terrorismo urbano. Por lo tanto, nos dirigimos a convocar a todos los gremios para un paro nacional indefinido”, declaró a la prensa.
Según Julio Campos, la protestas contra las extorsiones y, en específico, contra la ley de crimen organizado tendría el respaldo “del gremio de las madres de familia”, bodegueros, universitarios, taxistas, mototaxistas, colectiveros, sindicatos, comerciantes ferreteros Las Malvinas, mercados, comedores y organizaciones sociales.
Otro de los dirigentes, Miguel Ángel Palomino Pedraza, que dijo ser presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, remarca que los transportistas, a nombre del pueblo, piden haya una derogatoria; no una modificación de dicha ley.
“Ellos (los congresistas) plantean modificar la ley sobre crimen organizado, pero nosotros no pedimos una modificación; exigimos su derogación. Quieren hacer unos cambios y presentar eso como una mejora, cuando se trata de una norma que favorece al crimen”, declaró a TVPerú Noticias.
A su juicio, “este Congreso está trabajando en beneficio de sus propios intereses y no a favor del pueblo”, afirmó.
MODIFICACIONES.
Horas antes de la ruptura del diálogo, la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) comentó: “Si hay algo que ajustar, se hará de manera regular. Ahora deben diferenciar entre organización criminal, banda y asociación ilícita (...) Combatir la delincuencia no se puede hacer bajo presión, especialmente por quienes vienen a insultarnos. Queremos trabajar por el país”.
Por su parte, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) defendió la decisión de modificar la ley sobre crimen organizado en lugar de derogarla. “Si hay que corregir el texto para evitar confusiones, lo haremos con claridad para que el Ministerio Público lo entienda”, declaró.
