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Desorden en la interna. La elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) se frustró ayer por segundo día consecutivo luego de que diversos congresistas manifestaran discrepancias en el interior de sus propias bancadas ante la inminencia del pleno pese a un fallo judicial que lo prohibía.
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Las diferencias, puestas de manifiesto ayer, surgieron dentro de las agrupaciones políticas que se habían manifestado en Junta de Portavoces a favor de continuar con la designación de los magistrados.
A través de sendos comunicados, legisladores de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) indicaron que no respaldarían la elección de miembros del TC.
Asimismo, en la sesión del miércoles, también se identificaron votos singulares de miembros de Podemos Perú y Unión por el Perú.
El voto en bloque de estas agrupaciones políticas junto a Fuerza Popular, Nueva Constitución y Descentralización Democrática hubieran sumado más de 90 votos, es decir, más de los 87 necesarios para nombrar a un magistrado.
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Así, en un escrito, los legisladores acciopopulistas Jorge Vásquez, Rolando Campos y Hans Troyes ratificaron su posición en contra de la elección de magistrados al considerar que no existen las condiciones para realizar este procedimiento, calificado como una “acción política desesperada”.
“Lamentamos que no se haya socializado, informado ni dispuesto con el tiempo suficiente para evaluar anticipadamente a los candidatos por parte de los congresistas”, acotaron.
Asimismo, indicaron que las votaciones no pueden ser por “bancada”, sino que debe tratarse “de una decisión personal e individual”.
En tanto, desde APP, Walter Benavides, Carmen Omonte y Walter Ascona mostraron su desacuerdo con que el Congreso continúe con la elección de miembros del TC, debido a que el proceso “no cumplió con todos los requerimientos establecidos en el reglamento”.
En este punto señalaron que se suman a la decisión de la jueza Amparo Blácido, la misma que debe ser respondida por “los canales legales que se consideren pertinentes, respetando la ley”.
DETALLE. Entre tanto, la Junta de Portavoces del Congreso se reunió ayer desde muy temprano para evaluar las acciones que emprendería el procurador público de este poder del Estado frente al fallo de la jueza Amparo Blácido.
Durante la sesión virtual, las bancadas acordaron -por mayoría- continuar con la elección de los integrantes del TC en el pleno a partir de las 4 de la tarde y durante la mañana abordarían otros temas de la agenda.
En la cita también se dispuso que el procurador público presente una demanda contra la jueza Blácido por vulnerar la separación de poderes.
No obstante, con el paso de las horas, se conoció de la renuncia de uno de los 12 candidatos a ser miembro del TC.
El abogado Jorge Luis Rioja Vallejos presentó ante la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, su renuncia irrevocable a participar en el proceso.
La misiva tenía como fecha de remisión el 7 de julio, el mismo día en que el Congreso decidió no acatar lo dispuesto en la resolución judicial que ordenaba la suspensión provisional de la designación de nuevos magistrados.
AGENDA. Por la tarde, durante el pleno, el presidente de la comisión especial para el TC, Rolando Ruiz, anunció la publicación de las motivaciones para los puntajes de entrevista a los candidatos, que eran precisamente parte de los cuestionamientos al proceso.
“En aras de la transparencia, estamos devolviéndole la tranquilidad a aquella jueza que se atrevió a denunciar al Congreso, publicando lo que ella quiere, las motivaciones”, manifestó.
Tras ello, Ruiz solicitó un cuarto intermedio y se suspendió el debate de nuevo. Este se podría reanudar hoy.
Previamente, el vocero de AP, Franco Salinas, acusó al Frente Amplio de “amedrentar a todos y cada uno de los candidatos” que aún siguen en carrera a través del envío de diversas cartas.
“Están exigiéndoles, bajo amenaza y amedrentamiento público formalmente con el logo del Congreso de la República, que renuncien a su cargo. Eso no se puede permitir”, dijo el legislador.
REACCIÓN. De otro lado, en su informe respecto al fallo judicial, el procurador público del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera, indicó que la resolución de Blácido vulnera “el equilibrio de poderes” y “la separación de poderes” del Estado.
En un documento enviado a la Presidencia del Congreso, Peña manifestó que lo señalado por la jueza “es deficiente” y genera un “menoscabo” de un deber constitucional del Parlamento.
En ese sentido, señaló que interpondrá un recurso impugnatorio a la Corte Superior de Lima para que se revoque lo dispuesto por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima y se declare “improcedente” la medida cautelar interpuesta por el abogado Walter Ayala.
También se dio cuenta de que la Procuraduría Pública “interpondrá una denuncia penal” contra la jueza “por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de prevaricato”.
A su turno, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) anunció que iniciará una investigación preliminar contra la jueza Blácido debido a los cuestionamientos en el trámite de la medida cautelar resuelta contra el Parlamento.
Francisco Sagasti:“Es un tema de dos poderes del Estado”
El presidente Francisco Sagasti se refirió ayer a la situación que enfrenta al Congreso con el Poder Judicial frente a la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
“Ese es un tema que los dos poderes del Estado -el Poder Legislativo y el Poder Judicial- tendrán que proseguir y avanzar de acuerdo a sus propias prerrogativas”, señaló desde Huánuco.
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