Redacción Diario Correo

Este jueves 19 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) evaluó la demanda que interpuso Dina Boluarte contra la investigación que le sigue el Ministerio Público por el Caso Rolex. Se trata de una recurso presentado por el abogado Marco Riveros Ramos. Asimismo, la presidenta fue representada por los abogados Ernesto Blume y Domingo García Belaunde.

Rivera Ramos sustentó su recurso de agravio constitucional argumentando que debe respetarse el artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal, que exige una denuncia ante el Congreso antes de investigar a un jefe de Estado.

Asimismo, Blume Fortini solicitó que se declare fundada la demanda, se anule lo actuado a nivel de la fiscalía, incluyendo el allanamiento, además, que se fijen pautas de “cómo en un estado constitucional debe tratarse al presidente de la república”.

“Quien ejerce la Presidencia de la República debe merecer consideración, respeto y conocimiento y conciencia de toda la colectividad de que esa persona es quien personifica la nación”, manifestó.

“Lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en nuestro país es la satanización de la Presidencia. Se ha convertido a la Presidencia de la República en una suerte de chivo expiatorio o piñata a la cual todos golpean, devaluando su imagen”, añadió.

Por su lado, el exmagistrado del TC indicó que no era posible que en el Perú “vilipendie” la figura presidencial y que el Ministerio Público la “avasalle” y se cree un escenario “circense”, la cual la tildó como “una vergüenza para el Perú”.

“Un Ministerio Público no actuó en el marco de la Constitución, hizo un espectáculo mediático porque está lamentablemente integrado en muchos casos –y con todo respeto- por algunos señores fiscales que prefieren el protagonismo y han contribuido a la politización de la justicia y a la judicialización de la política”, expresó.

García Belaunde, el otro abogado de Boluarte, sostuvo que la investigación contra la mandataria “ha devenido es en un circo” y aseguró que se realizó un allanamiento “sin ninguna prueba, por mera sospecha”. Por ese motivo, criticó el actuar del Ministerio Público.

El procurador público del Ministerio Público, Reynaldo Miranda, cuestionó que la presidenta afirmara no conocer al abogado demandante, que no forma parte de su defensa y que no lo haya autorizado de presentar el recurso de agravio constitucional.

“No sabemos si la presidenta de la república ha regularizado esto y si el abogado que presentó este recurso ya tiene la legitimidad”, refirió.

Además recordó que el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley concluyó que un mandatario en funciones podía ser investigado preliminarmente, también que el artículo 117 de la Constitución limitaba la posibilidad de que el Congreso de la Repúlica formule resolución acusatoria de contenido penal.

“En su momento hubo un desistimiento del recurso de apelación. Eso implica que no sea visto por una instancia superior. No podría decirse que ha habido una restricción, una afectación a la tutela jurisdiccional efectiva cuando ellos mismos han retirado su apelación”, sostuvo.

Luego de escuchar a ambas partes, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, informó que les tomará 30 días útiles para evaluar la demanda del gobierno para anular las investigaciones que se le siguen a la jefa de Estado.

Cabe recordar que el ‘Caso Rolex’ se refiere a las presuntas irregularidades en la adquisición de relojes de lujo que involucrarían a personas del entorno de la presidenta Dina Boluarte.

La intervención de la Fiscalía y el allanamiento a sus propiedades han sido vistos por la jefa de Estado como un ataque político en su contra. Es importante mencionar que la mandataria señaló que el allanamiento a su vivienda fue una medida desproporcionada y violatoria de sus derechos.

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La presidenta del Tribunal Constitucional señaló que les tomará 30 días útiles para evaluar la demanda del gobierno para anular las investigaciones que se le siguen a la mandataria.