Sala decidirá en 15 días si indulto a Alberto Fujimori alcanza también el caso Pativilca

Dos posiciones contrapuestas. La Sala Penal Nacional, ubicada en el Centro de Lima, fue el escenario de un intenso debate jurídico en relación a la legalidad del indulto humanitario y la gracia presidencial concedidos al expresidente Alberto Fujimori por parte del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre del 2017.

La polémica tuvo como marco la programación de la audiencia, por parte del Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, del control de acusación planteado por la Fiscalía contra Fujimori y otros 22 coimputados, entre exmilitares y miembros del Grupo Colina. Es decir, si todos ellos reunían los requisitos de ley para pasar a juicio oral por el asesinato de seis personas en el distrito de Pativilca, en Barranca (Lima), el 29 de enero de 1992.

Sin embargo, antes de incluir a Fujimori en el proceso, el colegiado debía resolver primero si el indulto que recibió es legalmente válido o no.

Por ello, el tribunal escuchó primero los alegatos de la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, para que no se aplique el derecho de gracia al expresidente y sea parte del caso Pativilca.

En esa línea, dijo que dichos beneficios no siguieron los trámites regulares y carecen de motivación.

“Esta gracia fue otorgada arbitrariamente por el gobierno de turno, violando los convenios internacionales en materia de derechos humanos a los que está suscrito el país”, anotó.

En esa línea, sostuvo que existe el derecho de las víctimas y deudos a conocer la verdad de los hechos, lo que limita la facultad del Presidente de la República para conceder gracias.

En cuestiones de forma, Cano señaló que el beneficio de gracia no le corresponde a Fujimori, ya que aún no ha cumplido los 24 meses de instrucción que exige la ley para acceder a dicho beneficio, en razón de que el procesado fue incorporado al caso en marzo del 2017, tras la ampliación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Chile.

El otro lado de la mesa

Sobre los argumentos de la parte civil, en torno a que el indulto fue concedido por motivos “políticos”, Pérez recalcó que “toda gracia tiene una base política, de acuerdo a la Constitución”.

Además, dijo que existe un informe médico que revela que las condiciones carcelarias en el penal de Barbadillo, Ate, venían afectando el estado de salud de su patrocinado.

Sobre el plazo de la investigación, manifestó que el caso Pativilca, por el cual está comprendido su defendido, tiene 64 meses de pesquisas, pues la instrucción se inició en junio del 2012.

Al final de sus alegatos, el letrado ofreció incluir a su defendido, pero solo como testigo a fin de esclarecer los hechos materia de juicio.

“Si declara como testigo, tiene la obligación de decir la verdad, de lo contrario podría ser sancionado”, planteó.

Por su parte, el procurador ad hoc César Romero Valdez defendió el derecho de gracia concedido por el presidente Kuczynski.

Así, destacó la legitimidad del Mandatario en conceder beneficios a reos que se encuentren en delicado estado de salud.

Entre tanto, el fiscal Luis Landa Arroyo argumentó que la decisión del presidente Kuczynski, “no cumple con el estándar más mínimo de motivación que resulta constitucionalmente obligatorio”.

Concluido el debate, los integrantes del Colegiado -Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel- señalaron que emitirán una decisión en el plazo conforme a ley -15 días, según el Código Procesal Penal-, que pueden ser prorrogables a 15 días más.