Vicente Díaz Arce apela contra fallo de prisión preventiva

Ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la defensa legal del pastor religioso Vicente Díaz Arce y otros sustentaron el recurso de apelación para anular la resolución judicial de 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos.

La fiscalía investiga a Díaz Arce; la cónyuge de este, Elizabeth Amanda Palomino Córdova y sus coimputados por pertenecer a una organización criminal dedicada al enriquecimiento ilícito a través de la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles.

La abogada Elizabeth Segura Marquina y Bernardino Echevarría Jiménez figuran como los otros coacusados.

Durante la audiencia, realizada esta mañana en la Sala Penal Nacional, los abogados de los acusados pidieron al tribunal- que preside la jueza superior Edita Condori Fernández e integran los magistrados Sonia Torre Múñoz y Rómulo Carcausto- la nulidad del fallo expedido por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho.

Como parte de la defensa de los investigados, estuvieron el expresidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein; Marcos Rivero, quien fue abogado de Gerald Oropeza; y Wilber Medina, defensor legal del expresidente Alan García, entre otros.

Villa Stein señaló que contra Díaz Arce se ha montado "todo un aparato destinado a perseguirlo, contra una persona que se ha dedicado a un bien, la religión" y que no ha incurrido en ningún delito, pues ha realizado "actos de simulación que están permitidos por el código civil" sobre "su propio patrimonio".

Añadió que el juez Concepción Carhuancho no pudo acreditar el peligro de fuga contra el religioso. "Tiene 79 años y un marcapaso", precisó el exmagistrado.

Por su parte, la fiscalía pidió que se confirme la resolución del juez Concepción Carhuancho.

En sus argumentos, el representante del Ministerio Público recordó que Díaz Arce y coacusados lograron apropiarse ilegalmente, entre los años 2004-2017, de nueve bienes inmuebles. Entre ellos, los locales comerciales de la galería Santa Lucía, ubicada en La Victoria, el predio ubicado en la avenida Venezuela 1908, Lima; uno, en Cañete, y otros.

Esta organización -explicó- adquiría primero un aparente derecho de dominio sobre los referidos inmuebles que pertenecían a terceras personas mediante falsas minutas o escrituras públicas. Luego, estos bienes, tras ser transferidos a testaferros, eran validados a favor de la mafia a través de arbitrajes simulados, señaló el fiscal.

Debe recordarse que esta presunta banda criminal fue señalada de haberse aliado, en cierto momento, a la red criminal dirigida por el abogado Rodolfo Orellana. No obstante, a través de un recurso, la defensa de los investigados lograron que la fiscalía no los investigue por una supuesta vinculación con Orellana.

El tribunal dejó al voto el pedido de los abogados y tomará una decisión en el plazo conforme a ley.