Ocho meses después del primer fallo emitido por el caso “Aeródromo Wanka”, el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión en agravio del Estado.
En febrero último, el Sexto Juzgado Unipersonal ordenó cuatro años de cárcel en su contra. Sin embargo, esta pena debía ser confirmada en una segunda instancia. Eso ocurrió ayer.
Tras meses de diligencias, la Sala Penal de Apelaciones de Junín decidió dictar prisión efectiva a Cerrón Rojas, en un plazo menor en 6 meses al fallo original e inhabilitarlo de ejercer cargos públicos por el mismo periodo de condena. También le ordenó el pago de una reparación civil de S/800 mil en conjunto con otros sentenciados.
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A la espera
Hasta el cierre de este informe, el actual secretario general de Perú Libre (PL) se encontraba con ubicación desconocida. En horas de la noche, el abogado de Cerrón, Luis Mayhua, anunció que ya había dialogado con su defendido sobre la sentencia.
“Me he comunicado con mi patrocinado, le he comunicado de la decisión del Poder Judicial y seguramente en las próximas horas él saldrá a la prensa, dará su versión y tomaremos las decisiones legales que correspondan”, indicó a RPP.
Posteriormente, afirmó que el exfuncionario “no se ha escondido ni está prófugo, sino que estamos analizando los pasos procesales a seguir” después del fallo.
“Una decisión como la que ha adoptado la Corte de Junín, decidiendo desde nuestro punto de vista de manera arbitraria e ilegal por una condena efectiva, no hace más bien sino repensar la estrategia de defensa”, añadió.
Asimismo, negó que el sentenciado no haya querido ponerse a derecho tras la lectura de la decisión del PJ. “Fuimos notificados a las 6 de la tarde”, aseveró. La versión que trascendió es que Cerrón se encontraba en un departamento de un edificio ubicado en la Av. Arequipa 1492, en Lince, y que desde allí saldría para ponerse a derecho.
En los exteriores, la prensa lo esperaba, pero hasta el cierre de esta edición su salida no se producía y tampoco la Policía había acudido a detenerlo.
En detalle
Horas antes, el Poder Judicial había sentenciado a Vladimir Cerrón por la suscripción irregular de un contrato en junio de 2014, durante su gestión como gobernador regional de Junín, para la construcción de un aeródromo en dicha provincia.
La Fiscalía argumentó en audiencias que el hoy secretario general de Perú Libre, inmerso en otras dos investigaciones fiscales por presuntos cargos de corrupción y terrorismo, firmó un acuerdo con el consorcio Gran Aeródromo Wanka sin tomar en cuenta la posición de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economía (MEF).
En ese entonces, y hasta la fecha, la citada provincia tiene ya un aeropuerto en Jauja. Esta observación, de la existencia de un terminal aéreo, fue realizada en su momento por el Ministerio de Transportes (MTC) y comunicada a la gestión de Cerrón, indicación que también se pasó por alto.
“Se transgredió la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas pues no se consultó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y tampoco se contó con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil”, argumentó la Fiscalía.
La institución también halló que Cerrón y sus exfuncionarios “modificaron la autosostenibilidad del proyecto, situación que afectó la transparencia y legalidad, poniendo en riesgo el uso de recursos públicos”.
“Este acto ilícito se confirmó con la suscripción del contrato (...) que obligaba al Gobierno Regional de Junín a realizar el pago del 0,5% del monto de la inversión al contratista, propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada que ascendía a S/2 018 180″, se precisó.
Al frente
La decisión judicial generó un esperado remezón político. El legislador Flavio Cruz (Perú Libre) fue el primero en pronunciarse. En diálogo con Canal N, excusó a Cerrón y aseguró que este fallo responde a una “persecución política”.
“Ha apagado su celular, no me contesta. (...) Hace casi dos semanas (tuvimos nuestra última comunicación) Como todo ciudadano, debemos ponernos a derecho y colaborar con la justicia, que es lo que él siempre ha hecho. (Pero) como político él también tomará su decisión y nosotros la respetaremos”, manifestó a Canal N.
Poco después, la bancada perulibrista brindó una conferencia de prensa en el Congreso. Allí, Kelly Portalatino afirmó que “se ha consumado la instrumentalización de la justicia” a figuras políticas. “Denunciaremos (el caso) a las instancias internacionales”, aseguró.
A su vez, la portavoz de la agrupación, Margot Palacios, manifestó que existe una “politización del Poder Judicial dominada por los caviares”.
“Es sabido que una parte o sector de la administración de justicia, o quienes administran la justicia, están ahora dirigidos por un sector que es caviar. Sabemos que podría venir por este lado la sentencia”, comentó después a Canal N.
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Perspectiva
Al respecto, el abogado Juan Carlos Portugal detalló a Correo que Cerrón tiene diez días hábiles, a partir de la lectura del fallo judicial, para presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Destacó, sin embargo, que este es un recurso excepcional y no impide la ejecución de la sentencia.
“En este momento pueden capturar y recluir en el establecimiento que corresponda a Cerrón”, puntualizó.En ese sentido, Andy Carrión, también penalista, remarcó que el posible recurso ante dicha instancia “es aleatorio”.
“Puede o no puede verlo la Corte Suprema. (Recordemos que a) Cerrón ya lo habían condenado antes por otro caso, era una sentencia firme; incluso la Corte Suprema no quiso abordarlo y rechazó verlo en casación”, opinó.
El especialista también calificó como “contradictorio” que la pena se haya hecho efectiva reduciéndose el plazo inicial de 4 años a 3 años y 6 meses.
“Si aumentan los años (de prisión), la pena es más bien efectiva, pero aquí disminuye y aún así se adopta esa decisión. Es una cuestión desproporcionada”, indicó.
Durante la audiencia de ayer, por otro lado, se dejó constancia del voto discordante de uno de los tres magistrados del colegiado: el juez Carlos Carhuancho Mucha, quien consideró que se ejecute la pena impuesta “una vez que sea declarada firme o consentida” por la Corte Suprema. Sin embargo, la mayoría primó.
