Funcionarios que fueron vinculados en su momento con el entorno del expresidente Ollanta Humala acaban de ser cesados en sus cargos en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) por disposición del actual gobierno.
La Sedena es el ente responsable del Planeamiento Estratégico Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, de acuerdo con el Planeamiento Estratégico Nacional desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).
Los sueldos en este sector se encuentran entre los S/10 mil y los S/15,600.
De las de 51 personas que fueron designadas en este sector, adscrito al Ministerio de Defensa, finalmente 30 fueron removidas.
Muchas de estas personas habían sido contratadas mediante la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS), y por ellas se desembolsaba alrededor de medio millón de soles mensuales.
En virtud de una resolución suprema, la Sedena será en adelante absorbida por el Viceministerio de Políticas Para la Defensa, con la finalidad de convertirla en la nueva Dirección de Planeamiento Estratégico.
La razón, explicaron fuentes del sector Defensa, es convertir a la Sedena en una “instancia eminentemente técnica y no política”. La decisión fue tomada por el ministro de Defensa, Mariano González.
PODA. Correo tuvo acceso a la lista de 30 personas, en la que destacan el coronel EP (r) Javier Trelles Vizquerra, perteneciente a la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle (1984), la misma a la que pertenece el exmandatario Ollanta Humala.
Trelles Vizquerra ocupaba el cargo de director de Coordinación y Enlace Interinstitucional de la Sedena. Por su trabajo percibía S/10 mil mensuales.
Otro nombre que salta a la vista es el del coronel EP (r) Luis Pereyra Briceño, extitular del Indeci, quien fue acusado de desaparecer un supuesto expediente militar de Humala en el que figuraba su paso por la base contrasubversiva de Madre Mía. A Humala se le atribuían delitos de lesa humanidad.
Pereyra Briceño, quien ganaba S/13,200 como director de Investigación, fue también jefe de personeros de Gana Perú, partido con el que postuló Ollanta Humala a la Presidencia de la República en 2011.
La contratación del general EP (r) Gilberto Garrido Chávez, exdirector del Hospital Militar Central, lugar al que fue llevado Antauro Humala luego de su paso por el penal Piedras Gordas, también se dio por concluida con la citada disposición. Garrido era jefe de Racionalización y Modernización de la Sedena, y percibía un sueldo de S/10 mil.
También fue cesada la aún esposa de Antauro Humala, Isabel Paiva Zárate, quien había sido nombrada como especialista en Doctrina con un sueldo de S/6 mil.
MÁS NOMBRES. Otra nacionalista cesada es la excandidata al Congreso por Gana Perú Karen Velarde Trillo, quien fue contratada como especialista en Control Interno. También se puso punto final a las funciones del subjefe de la Sedena, José Oliva Montaño, y del jefe de la Oficina de Planificación, Pablo Noriega Vinces.
A estos ceses se suma el del comandante EP (r) Félix Rubén Benavides Villegas, también integrante de la promoción de Humala, quien al enterarse de que iba a ser retirado de la institución, presentó su renuncia.
Los cambios dispuestos por la gestión del ministro Mariano González, según voceros del sector Defensa, no se limitarían al cambio en el personal, sino también a las estructuras de dicho organismo.
El objetivo sería cumplir con proveer lineamientos para la Defensa Nacional y dejar de lado la burocratización y la politización de la institución.
Por ello, González dispuso que el encargado de llevar a cabo la transferencia de la Sedena sea el general EP Jorge Chávez Cresta, uno de los oficiales que fue invitado al retiro durante la gestión de Ollanta Humala.
Chávez Cresta, como se recuerda, fue el encargado de investigar el desmantelamiento del cuartel Lobitos, cuyas piezas terminaron siendo vendidas al mejor postor.
COMPROMISO. De la misma forma, el Ministerio de Defensa emitió una resolución en la que ordena el “retorno inmediato” de los militares que fueron enviados a instituciones del extranjero, como el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), en Buenos Aires, y la Escuela Suramericana de Defensa (Esude), en Quito.
Precisamente, uno de estos casos es el del suboficial del Ejército Amílcar Gómez Amasifuén, hombre que fue vinculado a Ollanta Humala desde la asonada de Locumba en 2000.
Gómez Amasifuén, acusado de ser uno de los promotores de pagos a testigos en el caso Madre Mía, fue designado técnico administrativo de la Esude con un sueldo mensual de $6600.
Asimismo, los coroneles Juan Canchis Simarra y Juan Chapoñán Vinces, junto al mayor FAP Marco García Bravo, quienes habían sido enviados a la CEED, con sueldos de hasta $8 mil, deberán volver al país desde Argentina.