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En un plazo máximo de 48 horas que la ley dispone, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, notificará su fallo sobre el recurso presentado por el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, siete funcionarios y la empresaria Ninel Romero para revocar la orden de prisión preventiva por nueve meses que pesa sobre ellos por el presunto delito de colusión agravada.
El Colegiado, integrado por los jueces superiores Máximo Maguiña Castro, Roxana León Luna y Miguel Dueñas Arce, tomó la decisión luego de más de nueve horas de debate, que se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada de ayer.
Durante la audiencia, el fiscal superior Jorge Temple Temple cuestionó los escritos presentados por la defensa técnica de los imputados. Señaló que estos no reúnen los requisitos ni siquiera para ser admitidos. Respecto de Morillo Ulloa indicó que este no cuenta con arraigo domiciliario y laboral, por lo tanto es necesaria la prisión preventiva.
“Esto no cumple con los estándares para acreditar el agravio, este escrito no pasa, porque su pretensión es de revocatoria, debieron precisar errores de hecho y derecho, argumentaciones jurídicas y fácticas”, alegó el magistrado.
En tanto, los abogados de los investigados por colusión agravada, entre estos Benji Gregory Espinoza, defensa de la suspendida autoridad regional, ratificó que la resolución que dictó la prisión preventiva tiene una serie de agravios contra su patrocinado. de prisión preventiva de primera instancia.
A su vez, los abogados defensores, también criticaron al fiscal y aseguraron tener jurisprudencias para que sus defendidos no sean privados de su libertad y afronten el proceso en comparecencia.
A las 2 de la madrugada, la directora de debates Roxana León informó que el colegiado judicial se tomará el tiempo de ley (48 horas) para emitir su resolución.
SE DEFIENDEN
El gobernador regional y los siete funcionarios actualmente recluidos en el penal de Huaraz ratificaron su inocencia.
Juan Carlos Morillo dijo además que no hay ninguna prueba fehaciente que lo incrimine de haber incurrido en colusión agravada; de la misma forma también se pronunciaron los demás imputados.
La autoridad regional, ocho funcionarios (siete de los cuales están presos) y la empresaria Ninel Romero Bartusiak son acusados de colusión agravada por las contrataciones realizadas para la construcción e implementación del ambiente COVID-19 del Hospital Regional de Nuevo Chimbote, valorizado en más de 10 millones de soles.
