Sospechosos contratos del Gobierno Regional de Piura y sus ejecutoras

Entre marzo y diciembre del 2020, el Gobierno Regional de Piura y sus cinco unidades ejecutoras han gastado cerca de 39 millones de soles en contratos y/o adquisiciones para afrontar la crisis sanitaria debido a la situación de emergencia por la existencia del COVID-19. Para hacerle frente y mitigar sus efectos, han realizado desembolsos extraordinarios de fondos públicos y flexibilizado sus procedimientos de compras.

Un análisis de las compras de fármacos, equipos e insumos médicos que realizaron dichas sedes muestra que del 16 de marzo al 31 de diciembre se han registrado 116 contratos por un monto de S/ 38′950,123 y, aunque están dispersos entre cientos de proveedores, una decena de empresas acumulan la mayor cantidad de recursos, entre ellos figuran algunos proveedores multados e investigados por presuntas irregularidades.

Contratos

El GORE y sus unidades ejecutoras firmaron contratos con un total de 83 proveedores, de los cuales, el 90.4% son personas jurídicas y 9.6% son personas naturales. Los rubros de las contrataciones se dividieron en adquisición de material y equipo médico (52), seguido de productos de aseo y limpieza (14), otros bienes y servicios (14), obras, construcción y consultoría (3), medicamentos (3), adquisición y alquiler de vehículos (1), y alojamiento temporal y alimentación (1). Las empresas que lideran el ranking son Deltalab Perú E.I.R.L. (S/ 900,060,187), Draeger Perú (S/ 952,206,520), Diagnostica Peruana S.A.C. (S/ 290,709,844), Air Products Perú (S/ 2′311,369), Simed Perú S.A.C (S/ 68,157,693), Roca S.A.C. (S/ 3′314,368), Nova Medical (S/ 3′242,400), Utilitarios Médicos S.A.C. (S/ 307,772,092), Cardiomedic del Perú (S/ 690,344,500) y Alfy Médica E.I.R.L. (S/ 822,900,110).

El análisis de la base de datos, que construimos con información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), revela que algunas empresas fueron contratadas y registran penalidades por incumplir los plazos de entrega.

La empresa Diagnostica Peruana es una compañía que tiene millonarios contratos en diversas regiones de todo el país. Entre el 2018 y 2019 fue amonestada tres veces por el Cenares debido a demoras en la entrega de insumos adquiridos por el Hospital San Bartolomé y el Instituto Nacional de Salud del Niño, ambos ubicados en Lima.

Otra de las empresas más favorecidas es Roca S.A.C., principal proveedora de equipos de anestesia en regiones. En el 2013, esta empresa fue penalizada por no entregar a tiempo una mesa de operaciones al Hospital de Huamanga. En el 2019 fue inhabilitada 11 meses por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presuntamente presentar información inexacta en un proceso realizado por el Hospital Alberto Sabogal. No obstante, apeló el caso ante el Poder Judicial y lo ganaron ese mismo año.

Durante el análisis de la base de datos también se detectó que, pese a que la empresa Droguería Biomédica Peruana S.A.C., representada por Roy Ushiñahua Soria y dedicada a la venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador, ganó un proceso por más de S/ 100,000 para la adquisición de ventilador mecánico, monitor, bomba de infusión, entre otros equipos para el Hospital II de Sullana.

Cabe precisar que el 4 de diciembre de 2019, otra de las empresas de Ushiñahua Soria (Droguería y Soluciones Médicas E.I.R.L.) fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado con la inhabilitación temporal por un periodo de 38 meses por presuntamente presentar documentación falsa e información inexacta en un proceso de adquisición de equipos médicos-ecógrafos que realizó la Universidad San Antonio Abad del Cusco (Resolución 3228-2019). La medida está vigente hasta el 12 de febrero del 2023.

En la lista de proveedores con más contratos también encontramos a José Mateo García Guaylupo, un empresario que sin tener experiencia ha firmado 35 contratos de bienes y servicios con distintas instituciones entre el 2019 y 2020.

Precisamente, en mayo del 2020, la Fiscalía abrió un proceso de investigación contra el proveedor y los funcionarios del Gobierno Regional de Piura por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas faciales textil de uso comunitario destinado a la población vulnerable ante del coronavirus.

En la relación de proveedores también encontramos a empresas no especializadas en el sector Salud, sino que se dedican a la compra y venta de todo tipo de productos. Una de ellas es Invertours Esmeralda Colán S.R.L., cuya actividad económica, según el portal de Sunat, es construcción de edificios, venta al por menor de comercios no especializados, venta al por menor de productos farmacéuticos y artículos de tocador.

De igual modo, la empresa Nova Medical S.A.C, dedicada al alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles y venta al por mayor de otros tipo de maquinaria y equipos, firmó un contrato por S/ 300,000 para adquisición de dos incubadoras neonatal UCI del Hospital de Apoyo I Chulucanas.

Asimismo, Soluciones Médicas Maci E.I.R.L, dedicada a la reparación de maquinaria y venta al por menor de artículos de tocador, cosméticos y productos farmacéuticos y médicos, ganó un contrato por S/ 550,000 para la adquisición de 10 unidades de monitores de signos vitales de 6 parámetros para el Hospital de Apoyo I Santa Rosa de Piura.

Al respecto, el gobernador Servando García, dijo que cualquier irregularidad que se haya registrado durante los procesos de adjudicación durante el estado de emergencia sanitaria debe ser investigada y sancionada por la entidad correspondiente.

“Cada entidad tiene que hacer su control, en este caso el control lo hace la Oficina de Control Interno (OCI), de igual manera, como unidad ejecutora queremos que se dé de manera transparente, para eso está Secretaría Técnica, frente a cualquier acto irregular tiene que ser investigado y sancionado de acuerdo a ley”, acotó.

García agregó que las observaciones a los procesos de adjudicación no se han registrado solo en las unidades ejecutoras del GORE, sino a nivel nacional. Sin embargo, serán absueltas y sancionarán a quienes resulten responsables.

“Quienes hayan generado algún tipo de problema de esa naturaleza tienen que ser investigados y sancionados de acuerdo a ley. Cada persona que tiene algún tipo de responsabilidad tiene que ser llevado a la entidad correspondiente, en este caso a Secretaría Técnica, siempre hay observaciones a nivel nacional. Todas las observaciones que se hagan [a las adjudicaciones] van a ser absueltas”, puntualizó.

Para la especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), Juana Huaco, estas adjudicaciones directas están presentando tres fallas: se están dando a empresas “todólogas”, de las que hacen y venden de todo, otras que no cumplen con los requisitos y la falta de transparencia del gobierno en su toma de decisiones.

“No aprendemos la lección. Estamos repitiendo las prácticas que se dieron en la emergencia por las lluvias, con empresas que cambian de razón social y siguen licitando, pero son las mismas personas. Los funcionarios que hacen las adjudicaciones tienen que investigar, tienen que saber de dónde procede la empresa, si tiene experiencia, conocimiento técnico, por eso vemos compras mal hechas, equipos que de repente no son los adecuados”, acotó.

Huaco consideró que ante una emergencia, el gobierno puede apostar por las adjudicaciones directas porque se necesitan insumos, pero eso no quiere decir que se puedan saltar los controles.

“Tienen que tener las cotizaciones necesarias para garantizar que puedan cumplir con lo prometido y con la mayor transparencia posible. Es responsabilidad del funcionario público. No solo del gobernador sino de los estamentos inferiores que se supone deben cumplir con un perfil profesional. Los empresarios le sacan la vuelta al Estado, es una forma de saltarse los controles. Se está favoreciendo a costa de la necesidad de la comunidad. Esto no es tema de normas ni procedimientos porque ya los tenemos, es un tema del actuar de las personas, tanto del empresario como del funcionario”, dijo.

Para la especialista, es imposible conocer a detalle qué se compró, los costos, así como listado de medicamentos, insumos y materiales, por la opacidad de las compras del Estado.

“En una emergencia actuamos, pero luego viene la revisión y el control, definitivamente no aprendemos”, puntualizó.