Con el objetivo de visibilizar la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, se realizó el conversatorio “Pueblos indígenas y territorialidad: avances y retrocesos en la formalización de territorios comunales”, organizado por el Instituto del Bien Común (IBC).
Al respecto, Helen Figueroa, exdirectora de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Midagri, afirmó que pese a los diversos proyectos de titulación no se ha podido avanzar en la titulación de comunidades nativas y el problema principal es una decisión netamente política.
“Al 21 de setiembre del 2022 tenemos 2260 comunidades nativas reconocidas, 1580 comunidades nativas inscritas y 713 comunidades por reconocer. Ha pasado un año, hasta octubre del 2023, y aún existe una brecha de 700 comunidades por titular. Es decir, se ha avanzado muy poco y es Loreto la región con la mayor brecha de titulación”, señaló Figueroa.
Sin embargo, reconoció que no existe una política nacional de actualización catastral y que al gobierno regional responde a una meta presupuestal anual y no necesariamente por sincerar las áreas de terreno. “Lo miden por cuántos títulos nuevos está entregando y en dónde. Por ejemplo, tengo una población de 50 predios y tengo otra de 500 predios, pese a que la de 50 predios tiene 30 años solicitando la titulación opto por la de 500, aunque sea más reciente, por tratarse de un tema de metas”, puntualizó.
En tanto, el antropólogo e investigador Alberto Chirif aclaró que los pueblos indígenas existen, por lo que el rol del Estado no es reconocerlos, sino hacer prevalecer sus derechos, a través de títulos. Sin embargo, los procedimientos se han complejizado enormemente mediante normas absurdas que demuestran un gran desconocimiento de la realidad nacional.
“Ya no es un proceso de titulación, sino un proceso para no titular. La propiedad comunal está siendo erosionada en forma sistemática y silenciosa. Estamos en presencia de contrabandos legales a través de normas de rango inferior, que modifican lo que está en el convenio 169 e incluso la Constitución del Estado. Estas normas han sido insertadas de manera malévola en la legislación, por lo bajo”, destacó Chirif.
