Para Cárdenas, algo que no se comenta y que es importante mencionar es el ahorro en costo y tiempo que supondrá para los usuarios tener estos proyectos listos.
Para Cárdenas, algo que no se comenta y que es importante mencionar es el ahorro en costo y tiempo que supondrá para los usuarios tener estos proyectos listos.

Al presentarse en el Congreso, Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, se refirió a las dudas que mantienen en torno al financiamiento de los proyectos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) como son la nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa, y las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. El funcionario, quien fuera ministro de Economía, cuestionó que se planteen estas obras sin formar parte del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

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Al respecto, Javier Correa, exfuncionario de ProInversión, remarcó que este es un tema de forma más que de fondo, principalmente de coordinación entre ministros porque el PNIC se puede actualizar y los proyectos se pueden suscribir con cargo al presupuesto del MTC.

Para el especialista en infraestructura, lo que se viene dando es que algunos ministerios que tienen fuerza política vienen imponiendo sus proyectos y quieren tener completa autonomía presupuestal, lo que excede de sus competencias. Los ministerios han encontrado una ventana para ampliar su espacio presupuestal y suscribir contratos fuera de lo presupuestado, con lo que el tema no se vuelve técnico sino político dentro del gobierno.

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“El MTC está empezando a girar cheques contra un presupuesto que no ha confirmado, lo que es una falta grave. Se podría decir que ha entrado en rebeldía, y simplemente está haciendo los proyectos porque ha encontrado una ventana legal para hacer lo que ellos quieren hacer, o el MEF ha entrado en rebeldía y no quiere actualizar el PNIC”, refirió Correa.

Entonces, siendo la Carretera Central un proyecto urgente y de gran impacto para la economía del Perú, se está perdiendo la oportunidad de viabilizarlo por una mala coordinación entre ministerios, lo que para Correa podría denotar una pugna de poderes entre el MTC y el MEF.

Llama la atención que estos problemas se ventilen en la prensa y no entre ministros, dijo. Y también sorprende el hecho que el Consejo Fiscal como ente independiente esté prendiendo las alarmas y cuestionando el comportamiento del ministro de Transportes y Comunicaciones.

Para el especialista, estos temas le hacen mucho daño al país, “porque al final del día se ha convocado a un gobierno soberano para que ayude al país, ha ganado un contrato y tiene que reportar a su país. Y reporta que hay una pugna interna porque no hay presupuesto. Es vergonzoso por decir lo menos”, adujo.

Desde un punto de vista de ordenamiento de las inversiones es importante que haya predictibilidad y que los proyectos estén presupuestados, y según Correa ese es un pilar del rating crediticio del Perú y de la credibilidad del gobierno. “En el mejor de los casos preocupa, y en el peor de los casos, no habla muy bien de los ministros de turno. Es controversial, porque es un tema técnico que se politiza”, mencionó.

Por su lado, Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, señaló que lo que plantea Carlos Oliva está claro y los números que propone suenan razonables. “Me queda claro que esas decisiones se saltan la institucionalidad del Ejecutivo y del propio sistema de inversiones”, subrayó.

CÓMO EJECUTARLOS

A su vez, Juan José Cárdenas, líder de Proyectos de EY Law, señaló como válida la preocupación de cómo se van a financiar estos proyectos. Lo primero que hay que reconocer, dijo, es que son proyectos necesarios y tienen mucho tiempo en cartera dando vueltas sin que los ministerios y gobiernos hayan tomado una decisión de cómo ejecutarlos.

“Algo que no se comenta y que es importante mencionar es el ahorro en costo y tiempo que supondrá para los usuarios tener estos proyectos listos. Han sufrido por años costos adicionales al transportarse en medios más lentos y que pueden demorarse dos o tres horas al día para ir y venir del trabajo. Ese costo social es muy importante. Tiene un valor económico y social para las personas. Y creo que esa es otra variable que se debería poner sobre la mesa a la hora de evaluar si se debe o no hacer, y cómo hacer estos proyectos”, refirió.

Por otro lado, resaltó que se debe evaluar cómo ejecutar los proyectos. Cree que si se va a hacer como G2G, hay varias opciones para financiarlo. Una de ellas es que se emitan bonos soberanos para financiar los proyectos a largo plazo, con lo que pateas el pago de la deuda, pero se incrementa la deuda del Estado.

Otra opción es construirlo vía G2G, y luego se hace una Asociación Público Privada (APP) para que el gobierno recupere los montos invertidos, y el privado lo opere por 20 años. “Porque lo que importa de estos proyectos una vez que se hagan es que sirvan a sus usuarios, y mi opinión es que la operación tiene que estar siempre en manos del privado”, manifestó.