La Asociación de Consumidores de Gas del Perú (ACG) advirtió que la actual crisis en el suministro de gas natural evidencia la falta de inversiones necesarias para garantizar la capacidad de respaldo y redundancia en el sistema de transporte de gas, obligaciones que -según señaló- están contempladas en el contrato de concesión del ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).
El presidente de la asociación, Roberto Santivañez, indicó que atribuir la emergencia energética a la falta de construcción del Gasoducto del Sur confunde dos temas distintos: la expansión futura de la infraestructura energética y la confiabilidad del sistema que actualmente abastece al país.
Recordó que el sistema de transporte de gas de Camisea fue adjudicado bajo el esquema BOOT (Build, Own, Operate & Transfer) y que el contrato establece que la infraestructura debe garantizar una disponibilidad anual de 99%.
Señala que este estándar implica contar con instalaciones de respaldo, como “loops” en los tramos críticos del gasoducto, mayor capacidad de almacenamiento en el sistema y programas de mantenimiento que reduzcan la probabilidad de fallas y el tiempo de reposición del servicio.
“El contrato del sistema de transporte de gas establece claramente que la infraestructura debía contar con suficiente capacidad de respaldo y redundancia para evitar interrupciones prolongadas del servicio. Esa era una obligación del concesionario”, afirmó Roberto Santivañez.
Explicó que ese nivel de disponibilidad supone que una interrupción total no programada no debería superar las 87 horas y 36 minutos al año. No obstante, sostuvo que la actual emergencia ya habría superado ampliamente ese límite, lo que evidenciaría problemas en el diseño, construcción, mantenimiento o capacidad de respaldo del sistema.
Finalmente, la ACG remarcó que la expansión del sistema energético es una decisión de política pública, mientras que la confiabilidad del sistema actual es una responsabilidad contractual del concesionario.
En ese sentido, exhortó a las autoridades a investigar las causas de la interrupción del suministro y adoptar medidas que garanticen la seguridad energética del país.
