Martín Naranjo destaca que a SBS ha publicado el comportamiento de la cartera reprogramada del sistema financiero, en la que se aprecia una tendencia sostenida a la baja de la morosidad.

FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC
Martín Naranjo destaca que a SBS ha publicado el comportamiento de la cartera reprogramada del sistema financiero, en la que se aprecia una tendencia sostenida a la baja de la morosidad. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC

Casi un año después de que tanto el Ejecutivo como el Congreso anterior llegaran a un acuerdo para sacar adelante la Ley N° 31050, que reprogramaba y congelaba deudas hasta por 90 días, el actual Legislativo vuelve con una propuesta que busca suspender el pago de las obligaciones crediticias durante dos años.

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Se trata del Proyecto de Ley 650/2021CR, de suspensión de deudas crediticias, que parlamentarios de Perú Libre presentaron el 5 de noviembre último.

Según la propuesta, la suspensión del pago –por 24 meses– aplicaría para las deudas crediticias personales, de consumo y vehiculares menores a 40 mil soles, para los créditos hipotecarios menores a 350 mil soles y para los créditos mypes inferiores a 80 mil soles. Los beneficiados serían tanto las personas naturales como las jurídicas que tengan compromisos con alguna entidad del sistema financiero dentro del rango detallado.

EN CONTRA

El presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc), Martín Naranjo, sostiene que tratándose de una solución que “no es focalizada ni equitativa”, el proyecto en mención no tiene bien definido y no resuelve el problema que busca solucionar, por lo que podría ir en contra de la recuperación de la economía al debilitar el sistema financiero.

“Las circunstancias actuales son muy duras y afectan a toda la población, pero no afectan a todos por igual. Es una propuesta que trata de ser equitativa al no discriminar más allá del ámbito de aplicación pero, justamente, no es equitativa al no discriminar a las personas más afectadas de las que no”, afirma Naranjo.

Similar opinión expresa Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la UPC, quien considera que el proyecto se traduce en una “medida antitécnica” y en una propuesta que “no concuerda con la realidad”, pues más allá de los montos no hay acotaciones y no distingue entre las personas y empresas que tienen problemas de pago o no.

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“Su ámbito de aplicación es muy amplio y se podría prestar para dar pie a una cadena de impagos a los bancos, cuando el sistema financiero no muestra, actualmente, índices de alta morosidad”, resalta Ojeda.

PELIGROSO

Debido a que la propuesta legislativa busca modificar contratos entre privados y transgrediría los límites de los fueros de instituciones que son constitucionalmente autónomas, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el presidente de la Asbanc advierte que se trata de un proyecto “anticonstitucional”.

Otro peligro que encerraría el proyecto está relacionado con la respuesta que podría venir del lado de las entidades financieras.

“Si se diera una medida como la que se propone, los bancos van a responder haciendo más caros los créditos para las personas y empresas que tomen prestamos nuevos y podría encarecerse todo el sistema financiero por una medida que, considero, es totalmente exagerada”, puntualizó Ojeda.

Imagen: Correo
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