El Ejecutivo publicó una ley que aprobó el Congreso, la misma que deroga la norma que regula la modalidad de ejecución de obras públicas por administración directa.
La norma fue aprobada por el Congreso y no fue observada por el Ejecutivo, no obstante que tiene un mal precedente, pues, la modalidad de administración directa (AD) es la que genera el mayor número de obras paralizadas.
Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, dijo a Correo que el Congreso tuvo la oportunidad de llenar el vacío que tiene la norma sobre AD para evitar que se sigan truncando las expectativas de la gente sobre obras que se les ofrece y no se concluyen .
Así, refirió que se seguirá con un panorama de obras paralizadas en medio de un escenario de corrupción.
“Habrá una continuidad del panorama que, de por si, representa un mal uso de los recursos públicos y una baja calidad de la infraestructura pública”, precisó.
Se sabe que las obras que se ejecutan por AD se paralizan porque en su mayoría se hacen con expedientes técnicos inadecuados. “Cuando se paralizan obras, mucha gente se queda sin empleo y muchas otras truncan sus expectativas de acceder a obras de calidad”, agregó.
Cifras. Según la Contraloría, ente del Estado responsable de fiscalizar el gasto público, las obras paralizadas, a junio, sumaban 1770, las mismas que están valorizadas en más de S/12 mil millones.
El órgano de control precisó que el uso de la modalidad de AD para ejecutar los proyectos públicos es una de las principales causas.
Tanto así que el 55% de esos proyectos públicos se estaban ejecutando bajo la modalidad de AD.
En ese sentido, Karla Gaviño precisó que por AD, las autoridades, principalmente los alcaldes, contratan a la población como peones o como parte del equipo de la municipalidad para ejecutar obras sin mayor sustento técnico.