Gremios de trabajadores y de empresarios se pronunciaron, en una conferencia conjunta, para que el Ejecutivo tome medidas urgentes contra la inseguridad ciudadana, que está haciendo retroceder la inversión de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.
El secretario general de la Federación de Construcción Civil, Luis Villanueva, señaló que más de 13 mil bodegas son blanco de extorsión.
Se refirió a unos datos que publicó (en Gestión) el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien señala que el impacto económico de la inseguridad ciudadana en Perú aumentó en los últimos cinco años hasta alcanzar a 3.09% del PBI. “Esto es un costo que supera los S/ 31,500 millones al año”, dice a la letra el economista.
El presidente de Confiep, Alfonso Bustamante, dijo que trabajadores y empresarios se unen contra la inseguridad porque “se ve que no hay una política de Estado para contrarrestar la alta criminalidad”.
Agregó que resulta frustrante que luego de tres meses del compromiso del ministro del Interior, Víctor Torres, cuando en diciembre los interceptó en una marcha que realizaron contra la inseguridad ciudadana y les prometió reunirse para tratar el problema, pero no los ha recibido hasta el momento, mientras el crimen organizado avanza.
Así, dio a conocer que hay consenso entre los gremios de empresarios y trabajadores para fortalecer los Centros de Flagrancia, una iniciativa del Poder Judicial para acelerar la administración de justicia, pero necesita una mayor coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía.
Legal. Al respecto, el presidente de la sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar, precisó que los Centros de Flagrancia (módulos) ya existen, pero necesitan un marco legal para que se incorporen la Fiscalía y la PNP, de modo que el trabajo contra la criminalidad sea coordinado y eficiente.
Manifestó que el Gobierno no tiene una estrategia clara para erradicar el crimen organizado, que está ganando terreno en todo el Perú. “Necesitamos el liderazgo del Ejecutivo para salir de este problema crítico, Perú puede hacerlo tal como lo hizo con el terrorismo”, precisó.
A su vez, el presidente de Confiep indicó que está en manos del Poder Ejecutivo impulsar un proyecto de ley para que el Congreso haga realidad un Centro de Flagrancia integral donde trabajen juntos los jueces, los fiscales y los policías, donde todos juntos administren una justicia rápida y eficiente.
“Pero se requiere dar suficiente recursos para enfrentar el problema de la inseguridad, que ha puesto en emergencia al país, la situación lo amerita (más dinero); estamos harto de ver como los criminales salen al día siguiente por falta de articulación”, comentó.
En ese sentido, la Confiep planteó acelerar la aplicación de Obras por Impuesto para intervenir de forma efectiva sobre el problema, proveyendo iluminación, sistema de videovigilancia, construcción e implementación de comisarías, mejoramiento del sistema carcelario.
Inclusive, dijo, Confiep propone hacer los expedientes técnicos modulares que permitan implementar la rápida de construcción de comisarías.
Bustamante señaló que se necesita recuperar el sistema de Inteligencia, que se ha abandonado en la lucha contra el crimen organizado.
