Para el ex ministro de Economía Luis Miguel Castilla es fundamental reducir el gasto público para tratar de cumplir con la tasa de déficit fiscal de 2% propuesta para el 2024. Pero, según respondió a Correo, para que ello sea posible es necesario que la economía tenga un crecimiento de 4%, lo cual considera muy difícil de conseguir por las marchas y contramarchas del Gobierno en torno a los gastos, como es el caso de la Municipalidad de Lima, que le resta credibilidad al manejo fiscal y debilita las finanzas públicas.
Los gastos del Gobierno no disminuyen y en el 2024, nuevamente, se incumpliría con el 2% de déficit fiscal, ¿será así?
En 2023 se incumplió con el déficit fiscal en 4 décimas, principalmente por la caída en la recaudación tributaria. El año pasado, la meta era 2.4%, pero cerró en 2.8%. Cumplir este año con la meta del 2% implica que se debe reducir en 8 décimas los gastos del Gobierno y que la economía debería crecer 4%, pero será muy difícil por los gastos en que está incurriendo el Ejecutivo. El Gobierno tiene que ajustar los gastos de alguna forma.
Pero se publicó una norma para reducir gastos...
Sí, recientemente se publicó un Decreto de Urgencia (DU) para reducir gastos superfluos o gasto corriente pero es fundamental ajustar el gasto, de lo contrario, se incumplirá el déficit fiscal por segundo año consecutivo. Se tiene que reducir en 8 décimas los gastos públicos para cerrar con un déficit fiscal de 2% este año. Quizá un punto favorable al Gobierno es que los precios del cobre y el oro están subiendo en las últimas semanas y pueden aportar con un ingreso adicional a la caja fiscal.
¿Pero sería insuficiente?
Creo honestamente, pese al esfuerzo de ajustar el gasto, que no alcanzará para tener un déficit fiscal de 2%. Bienes y servicios, que es la partida más sensible y donde están las consultorías, combustibles, locadores de servicios, representa el 15% del presupuesto nacional. Pero, sí creo que habría espacio (para reducir gastos) en lo que respecta a contratación de servicios profesionales, que es significativo. Creo que hay partidas que probablemente sean más discrecionales, más prescindibles que otros, como las consultorías, los eventos, pero que no son montos muy grandes. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está buscando marcar la diferencia de la gestión anterior (que lideró Alex Contreras), que fue muy regalona con el gasto público.
¿Pero preocupa la Municipalidad de Lima?
En el mismo DU (publicado recientemente), el Gobierno relajó la regla fiscal para la Municipalidad de Lima, que es contrario a una norma que disponía limitar que la comuna limeña siga sobreendeudándose porque tiene deudas muy por encima de sus gastos corrientes. Por presión política, el Gobierno cedió. No creo que se descarrilen las finanzas púbicas, pero sí las debilita. Así, las marchas y contramarchas dificultan que haya credibilidad en el manejo fiscal. Se están acumulando una serie de contingencias, tal es el caso del arbitraje que perdió la Municipalidad de Lima.
¿Es un riesgo?
No creo que sea un riesgo o un preludio de una reducción de la calificación crediticia de Perú porque su nivel de endeudamiento respecto del PBI es de 33%, el más bajo de la región. La solvencia sigue siendo muy fuerte. La percepción de riesgo sube por la inconsistencia del Gobierno, que va más allá de la política fiscal. Un ejemplo es el puerto de Chancay y la demanda contra su operador. También la incapacidad del Gobierno de frenar nuevos retiros de los fondos de pensiones. Además, no tener una política clara sobre la lucha contra la minería ilegal. Promulgó rápidamente una norma del Congreso a pesar de que derogaba la que había emitido solo hacía unos meses para contrarrestar esta actividad ilícita. El Gobierno recibe fuerte presión de grupos políticos, lo que limita la recuperación de la economía y de los ingresos tributarios de este año.
¿El Gobierno es un rehén del Congreso?
Creo que sí. El Congreso es muy representativo del país, un país que es básicamente informal, en la que la actividad ilícita avanza y tiene sus representantes en el Congreso, lo que limita el margen de acción para hacer reformas o políticas sensatas. El Ministerio de Energía y Minas propone asumir mayores riesgos para impulsar proyectos mineros pero, por otro lado, hay una posición bastante pusilánime sobre la minería ilegal. También está el debilitamiento de las concesiones por decisión del Tribunal Constitucional (que ordenó a Rutas de Lima no cobrar el peaje en Puente Piedra) y decisiones de laudos (arbitrales) que se desconocen.
Todo está sumando...
Toda esta inconsistencia le pasa factura a la economía y en gran parte refleja la debilidad del Ejecutivo, que tiene el problema de liderazgo de la presidenta (Dina) Boluarte . No hay equilibrio de poderes, hay vacío de poder ante lo inefectivo de lidiar con la ola de criminalidad, con las actividades ilícitas. La concentración en un poder del Estado (Congreso), que legisla para su propio beneficio, nos condena a un crecimiento de 2.5% a 3%, que es insuficiente para mejorar la calidad de vida de los peruanos para sacarlos de la pobreza. Lamentablemente, estamos viendo un Gobierno totalmente limitado por un Congreso que legisla para intereses subalternos.
De otro lado, se está cuestionando los contratos Gobierno a Gobierno, ¿considera que deben ser replanteados?
Creo que el G2G fue una alternativa para inversiones excepcionales como lo fue los Panamericanos y funcionó en su momento, pero se ha comenzado a desvirtuar y lo que debería hacerse es que sea la excepción y no la norma. Lo que tiene el G2G es que facilita una salida cuando hay controversia entre el Estado y los contratistas, hace más expeditivo la resolución de las controversias. Pero, es bueno recordar que hace un año espera en el Congreso una Ley de Compras que no se ha movido. G2G es una modalidad de inversión pública, es una equivocación sustituir una Asociación Público Privada (APP) con un G2G. En un G2G todo el riesgo lo asume el sector público, mientras que en una APP los riesgos se comparten entre el público y el privado. Tenemos buenos G2G y tenemos malos G2G, como el caso de hospitales de alta complejidad, en la que un Gobierno presentó una propuesta muy mala y cobran un porcentaje del valor de la inversión. Entonces, el G2G no es la panacea por lo que debería fortalecerse los organismos de compras públicas y tener el G2G como un mecanismo adicional. Un país debe aspirar a mejorar sus sistemas administrativos procurando controlar los sobrecostos. Hay que replantear el mecanismo del G2G, que sea excepcional y no se use todo el tiempo.
Luis Miguel Castilla
Ex ministro de Economía. Director ejecutivo de Videnza Consultores. Economista de la Universidad McGill (Montreal, Canadá). Ph.D en Economía de la Johns Hopkins University (Baltimore, EE.UU.).
