La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, ratificó que el Gobierno prepara un crédito suplementario, entre fines de marzo e inicios de abril, para asegurar la continuidad de proyectos de inversión en ejecución que tienen problemas de financiamiento y evitar se paralicen obras.
Dijo que esa medida es necesaria por la situación crítica acumulada en años anteriores en la inversión pública, sobre todo de los gobiernos municipales, que el crédito suplementario se evaluará sobre la base de una proyección favorable de los ingresos fiscales.
A enero de 2026, se identificaron 12,575 proyectos con problemas de financiamiento por más de S/ 21 mil millones. De este total, 9,740 proyectos son de los gobiernos locales, concentrando más del 80 % de la brecha de financiamiento.
Miralles señaló que el problema tiene su origen, principalmente, en la práctica de iniciar obras sin tener el financiamiento completo asegurado, lo que ha derivado en proyectos truncos, obras inconclusas y una creciente presión sobre el presupuesto público para cubrir brechas no previstas inicialmente.
Así, afirmó que la prioridad del crédito suplementario estará enfocada en proyectos en marcha, cuya interrupción genera pérdida de inversión, cuidando la prudencia fiscal.
Cuidado
Al respecto, el ex titular del MEF, Luis Miguel Castilla, dijo a Correo que el propósito es bueno, pero se debe cumplir con la meta del déficit fiscal porque para el 2026 es más exigente: 1.8% del PBI.
En ese sentido, refirió el Presupuesto 2026 será compartido con el siguiente Gobierno que asumirá el próximo 28 de julio.
Así, se refirió a los proyectos Nueva Carretera Central, Vía Expresa y Puente Santa Rosa, con problemas contractuales, comprometidos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno.
“El deseo del MEF de renegociar esos acuerdos, que son fiscalmente costosos, responde a decisiones que se tomaron en gestiones anteriores del MEF, cuyo antecesor fue muy proclive a la inversión bajo esta modalidad de contratación”, comentó.
Miraalles adelantó que en el caso de la Nueva Carretera Central se cambiará de inversión pública por una Asociación Pública Privada (APP) porque el Estado no tiene muchos recursos.
