A raíz de los problemas que tuvo el Ministerio de Educación (Minedu) para adquirir un millón de tablets para escolares de zonas rurales, ha vuelto a discutirse el papel de la Ley de Contrataciones con el Estado.
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, ha señalado que, a pesar de todos los candados que la norma tiene, se ha reportado mucha corrupción, por lo que, en los próximos meses, el Gobierno presentará una iniciativa legislativa para reformularla.
Para Maurice Saux, gerente senior de Servicios Tributarios y Legales de PwC, la norma es bastante compleja porque sirve para comprar “desde tomógrafos hasta ladrillos”, pero si se quiere hacer cambios, lo mejor es evaluar los procesos que salieron mal, darles más publicidad a algunos procesos, y que los funcionarios a cargo trabajen con más criterio de responsabilidad.
“Las normas de contrataciones se modifican cada dos años o dos años y medio y de manera sustancial. Acaba de cambiarse esta ley en el 2019. El factor humano del proceso es el que se debe ajustar más, pasar de la mentalidad de simplemente seguir el procedimiento a responder ¿cuál es la mejor forma de hacer esto?”, explicó.
Informes detallados y transparencia
El especialista también indicó que las compras más complejas donde las entidades públicas tienen más discreción sobre lo que se solicita - por ejemplo, un equipo tecnológico que solamente ciertos proveedores pueden tener en el mercado - son normalmente donde se tienen más problemas porque dependen de la persona que hizo el expediente técnico.
“Parte de la solución es que haya una mayor responsabilidad en los funcionarios públicos, no solamente en dejar de hacer el trabajo, sino también por hacerlo mal. Al revisar los informes, no se ven análisis de costo y beneficio. Es un problema recurrente no tanto de la estructura, sino de la ejecución”, precisó.
Además de los informes detallados, también recordó que las compras en el sector público no suelen tener muchos postores. La norma indica que se tengan al menos dos y muchas veces el funcionario se conforma con el mínimo para iniciar el proceso y estos proveedores incluso proporcionan la información del precio de compra promedio en el mercado.
“A veces se pueden inflar los montos y la persona que pide la cotización tiene control sobre a quién se la pide. Quizás podría mejorarse la información y hacerla más accesible, darle más publicidad. Según la estadística que maneja OSCE, se tienen entre 2.1 a 2.4 de proveedores por proceso. Entonces, que a veces se presenten solo dos o tres proveedores es nada”, comentó.
Por último, pidió que estos cambios sean prepublicados con tiempo suficiente para que el sector privado pueda enviar sus comentarios, que recogen las experiencias que han tenido al contratar con el Estado.
