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El Consejo de Ministros presentará la solicitud de la delegación de facultades ante el Poder Legislativo con el objetivo de optimizar el marco regulatorio en materia de Declaratoria de Emergencia Ambiental.
El proyecto de ley busca que el ente rector cuente con las facilidades logísticas y presupuestales para una atención efectiva ante emergencias como el derrame de petróleo de Repsol; sin requerir de demandas adicionales u otros mecanismos presupuestales que dilatan los plazos en situaciones que requieren respuestas rápidas.
El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, declaró en Radio Nacional que otro aspecto que requiere atención es la actualización del marco legal en materia de planes de contingencia, pues la ley vigente data del año 2005.
Además, consideró que con dicho ajuste, se lograrán instrumentos de gestión que permitan reducir y mitigar los impactos de los incidentes y evitar que estos tengan consecuencias catastróficas sobre el ambiente, la ciudadanía y las economías locales.
El proyecto de ley para la delegación de facultades también destaca temas como el fortalecimiento de la justicia penal ante la ocurrencia de los delitos de contaminación ambiental, para mejorar los mecanismos para imputar responsabilidad penal a la empresas en materia ambiental y que dicha responsabilidad no sea sólo de orden administrativa.
Dicho proyecto también busca mejorar el marco normativo tributario para evitar que las empresas que contaminan el ambiente puedan deducir impuestos y recibir beneficios tributarios a partir de las acciones de limpieza, remediación y contingencia que son obligaciones establecidas en sus instrumentos de gestión ambiental y evitar que la sociedad asuma los costos ambientales como consecuencia de acciones negligentes.
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