La resolución del contrato suscrito entre Provías Nacional y PMO Vías (constituida por las empresas francesas Egis y Setec) que brinda asistencia técnica y servicios de PMO (Oficina de Gestión de Proyectos), orientada a la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa y puente Santa Rosa (aeropuerto Jorge Chávez), ha levantado una nueva polémica y el riesgo de un retraso en la ejecución de las tres megaobras.
Los contratos de PMO para los citados proyectos de infraestructura fueron firmados el 27 de mayo del 2021, a dos meses de finalizar el gobierno de transición de Francisco Sagasti.
Al respecto, la ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarthe, señaló que la decisión unilateral del Gobierno de resolver el citado contrato haría sumar un arbitraje más al Perú y que sus probabilidades de perder son grandes.
Adelante
El Gobierno, mediante Provías Nacional, asegura que no se paralizará la ejecución de los citados proyectos porque el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Embajada de Francia, sigue adelante y las relaciones diplomáticas con los galos no se han afectado.
El contrato, ahora resuelto, lo firmaron Provías Nacional (que depende del MTC) y el consorcio francés PMO Vías, precisó Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional.
Dávila explicó a Correo que se aplicó la cláusula 13.1 del contrato, que prevé la resolución del mismo por causa imputable, siempre que se demuestre la comisión de un delito de empresas vinculadas, se cometa en cualquier jurisdicción o por empresas vinculadas.
“En el marco de esa cláusula y a raíz de todos los hechos que hemos podido relevar, hemos encontrado que Egis (o PMO Vías) tiene un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París en el que reconocen la comisión de un delito de corrupción de funcionarios”, precisó.
Además, Dávila sostiene que tiene una inhabilitación del Banco Mundial y del BID (instituciones financieras multilaterales) por prácticas vinculadas con sobornos a funcionarios.
Contacto en París
En otro momento, Dávila Moscoso, en entrevista con RPP, precisó que el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), que se firmó entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Embajada de Francia en Perú, no se ha resuelto, “por tanto, las relaciones diplomáticas con Francia no se han quebrado”.
Explicó que en el marco del contrato G2G se firmó un memorando entre Provías Nacional y PMO Vías para que esta última brinde asistencia. “Este es el contrato que se ha resuelto”, manifestó.
La funcionaria recordó que en 2019, la Fiscalía de París determinó que cometió el delito de corrupción de funcionarios, lo que en el Perú equivale a un cohecho activo.
Así, añadió que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la sancionó por prácticas de corrupción y la inhabilitó hasta el 2027.
Vigentes
De acuerdo a Dávila, los proyectos tienen contratos vigentes entre Provías y el ejecutor. “En el caso de la Vía Expresa Santa Rosa es entre Provías Nacional y el consorcio Puente Chalaco (conformada por la española Sacir y la canadiense Aecom). No está Egis”, precisó.
Del mismo modo, comentó que hay un contrato de supervisión en el que no está Egis. “Los trabajos seguirán, según el cronograma y los recursos previstos. Lo mismo pasa con la Carretera Central, en el que no está Egis”, anotó.
A la consulta de si se hará una nueva convocatoria para proseguir con la asistencia técnica que se está dejando, la funcionaria precisó que se coordinará con la Cancillería y Francia para que este país invite a otras empresas francesas y asuman el trabajo de Egis (PMO Vías).
Sobre el cronograma de trabajo, indicó que en el caso de la Carretera Central, está previsto que en abril próximo se inicie la ejecución y se termine la obra en el año 2031.
“Arrancamos el 2026 con una brecha presupuestal de S/ 560 millones y luego se hace un reajuste de actividades con los recursos asignados de la mano con el Gobierno Regional de Junín. Buscamos un espacio fiscal que permita construir el túnel Pariachi, que demandará una inversión de S/2000 mil millones, para ejecutarlo”, comentó.
Al respecto, aclaró que el que construirá será el Estado porque ha firmado los contratos, por tanto, se siguen con los diferentes estudios, y todo sigue su curso.
Arbitraje
No obstante, la ex ministra de Transportes y Comunicaciones (MTC) Paola Lazarte tiene otra percepción del tema.
En diálogo con Correo, indicó que el informe del MTC que sustenta la carta notarial enviada a PMO Vías no se ampara en la corrupción cometida en la suscripción del contrato G2G o en la ejecución del mismo.
“Citan irregularidades sancionadas en otros países, por otros proyectos y otras entidades en fechas anteriores a la suscripción del G2G (2019). Es decir, el Estado Peruano, en el 2021 firmó con conocimiento de ello. Ahora, este no es un contrato con Egis, que es la empresa señalada, sino es un contrato entre el Perú y Francia. Egis representa al Estado francés y Provías al Estado peruano. A quien le resuelven el contrato, no es a Egis sino a Francia”, afirmó.
Consultada sobre por qué cree que el gobierno francés consideró a una empresa vinculada a un caso de corrupción, respondió: “Yo preguntaría eso a la embajada francesa, no me corresponde responder eso”.
Sobre si la resolución del referido contrato puede llevar a Perú a otro arbitraje y si la posibilidad de perderlo es grande, comentó que es muy probable que el Estado pierda un arbitraje si Francia decide emprender acciones.
“No se trata solo de Egis como empresa, sino que hay cientos de empresas peruanas y extranjeras que tienen contratos en ejecución y suscritos con PMO Vías. ¿Quién pagará a esos proveedores? También esas empresas pueden demandar al Estado peruano. Es muy delicada la acción tomada y poco seria. Socava la seguridad jurídica del país”, anotó.
Moderado
Por su parte, Roberto Benavides, abogado especialista en contrataciones públicas, opinó en Canal N que el acuerdo G2G entre Perú y Francia funciona como un contrato-marco general, dentro del cual se suscribieron contratos específicos con proveedores, entre ellos Egis.
Precisó que el PMO tiene un rol de soporte técnico especializado, orientado a planificar, controlar y acompañar proyectos, sin ejecutar directamente las obras.
Sobre el impacto de esa decisión, refirió que el retiro de la asistencia técnica puede generar retrasos, pero no necesariamente serían de gran magnitud, siempre que el Estado gestione adecuadamente los riesgos y contrate a un nuevo proveedor de asistencia técnica con experiencia equivalente.
