Nelson Shack: Ejecutivo no puede ser juez y parte en supervisión del gasto público

El contralor Nelson Shack indicó que el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte en la supervisión del gasto público, luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunciara que se pretende crear un organismo paralelo para supervisar el gasto público en los distintos niveles de gobierno.

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“No tiene ningún sentido que el Poder Ejecutivo tenga una Contraloría que dependa de ellos y por eso en todos los países, las Contralorías dependen del Poder Legislativo. Si bien el Poder Ejecutivo ejecuta más recursos en bienes y fondos públicos, no tiene sentido que ellos sean ‘juez y parte’ con esta propuesta de crear un organismo paralelo”, afirmó Shack ante la Comisión de Fiscalización del Congreso donde expuso el Informe de Gestión institucional del periodo 2017-2021.

Castillo expresó la semana pasada que el organismo a crearse estaría conformado por “personas idóneas” para supervisar a las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y entidades del Estado a fin de ver “a dónde va el dinero que les damos”.

El contralor aseguró que la modalidad de control concurrente permitió alcanzar un ahorro al Estado estimado en más de S/ 406 millones entre el 2017 y 2020.

“No pueden decir que el control concurrente no funciona porque hay corrupción. En el caso de las tabletas adquiridas para apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, se hubiera producido corrupción si no fuera por la realización del control concurrente, ya que se iba a firmar un contrato por S/ 1000 millones con una empresa que no cumplió los requisitos establecidos para el proceso de selección”, dijo Shack.

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“Resultado de ello, el Ministerio de Educación ahorró como S/ 400 millones precisamente por la intervención del control concurrente, que emitió oportunamente las alertas y ante ello y como respuesta, la entidad detuvo esa contratación”, añadió.

El contralor espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley que presentó su institución para expandir dicha modalidad de control gubernamental a obras y servicios cuyos montos convocados superen los S/ 10 millones.

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