La compañía estatal Petroperú dio a conocer este lunes que ha denunciado penalmente a los exfuncionarios involucrados en la venta irregular de S/ 26 millones en combustible a Sociedad Peruana de Gas, firma que adquirió un crédito de la empresa petrolera y que luego desapareció sin realizar pago alguno.
Según Petroperú, la relación comercial con la empresa Sociedad Peruana de Gas se dio en el 2019, durante la administración de Carlos Paredes Lanatta, quien en ese entonces era presidente del directorio, y de Carlos Barrientos Gonzales, exgerente general.
La empresa pública afirmó que la línea de crédito otorgada, así como la revisión, escrutinio y verificación de la documentación presentada por dicha empresa fueron responsabilidad de la administración de Paredes.
“A pesar de las múltiples irregularidades detectadas y comprobadas, la administración anterior, con la participación de la Gerencia de Auditoria Interna y Riesgos, no aplicó los procesos disciplinarios y/o legales de manera adecuada, limitándose a separar de la empresa a una funcionaria de menor nivel”, indicó Petroperú en un Hecho de Importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
En ese sentido, la administración ha denunciado por omisión de actos funcionales al exgerente general, Carlos Barrientos Gonzales; al exgerente comercial, Arturo Vargas Romero, y al exgerente de finanzas, Mathius Sersen Navarrete.
La Unidad de Investigación de Latina reveló que Petroperú no recibió pago alguno tras otorgarse un crédito de S/ 26 millones a Sociedad Peruana de Gas para la compra de diésel B5, puesto que la compañía privada desapareció meses después de efectuarse la operación.
Según los documentos a los que tuvo acceso el medio, la intención de cobrar la deuda con las cartas fianza nunca se concretó debido a que la administración de Petroperú en ese entonces había mostrado poco interés de gestionarlo correctamente.
Financoop, financiera que respaldó a Sociedad Peruana de Gas al momento de otorgarse el crédito, denunció a Petroperú y a la empresa privada por el presunto delito de colusión y estafa al sostener que ambas habrían acordado aprovecharse de la venta y posterior no pago por ello.
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