PJ ordena a Ositrán abstenerse de regular operaciones en Chancay.
PJ ordena a Ositrán abstenerse de regular operaciones en Chancay.

El Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo presentada por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y dispuso que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar y sancionar las operaciones que se desarrollan dentro del Puerto de Chancay.

El fallo fue emitido por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima mediante la Resolución N.° 6, del 29 de enero de 2026, en un proceso seguido también contra la Presidencia del Consejo de Ministros.

En su decisión, el juzgado determinó que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay es una infraestructura de titularidad privada y uso público, financiada íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión estatal.

Bajo esos criterios, se concluye que no corresponde aplicar un régimen de regulación integral propio de infraestructuras concesionadas, pues ello vulneraría los derechos constitucionales de propiedad, libertad de empresa y seguridad jurídica de la empresa demandante.

La sentencia precisó que el uso público del puerto no habilita, por sí solo, la intervención regulatoria integral del Estado, la cual debe ser excepcional y contar con habilitación legal expresa. No obstante, estableció una excepción en materia tarifaria: Ositrán solo podrá intervenir para regular tarifas a usuarios finales si el Indecopi determina previamente la inexistencia de competencia en el mercado, mediante una decisión firme y debidamente sustentada.

Asimismo, el juzgado declaró inaplicables diversas normas administrativas en cuanto pretendan someter al Puerto de Chancay a una regulación integral.

Ositrán

Por su parte, Ositrán informó que no ha sido notificado formalmente del fallo y, por tanto, no puede pronunciarse sobre su contenido, aunque reiteró que el marco legal vigente le otorga competencias de supervisión sobre infraestructuras de transporte de uso público y reafirmó su compromiso con la protección de los usuarios y la promoción de la inversión privada.