El presidente recién electo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore Aguayo, delineó su visión y compromisos para fortalecer el desarrollo económico del país.
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En un discurso que destacó la importancia del consenso y el diálogo, De La Tore enfatizó el papel de los líderes empresariales en la identificación de una agenda común que impulse el progreso nacional.
“Nuestro rol como dirigentes empresariales es identificar una agenda mínima de consenso, promoviendo el reencuentro y el diálogo, que nos conduzcan hacia el desarrollo económico”, expresó.
En este sentido, expresó la necesidad de que los empresarios participen activamente en la toma de decisiones que impactan más allá de sus propios intereses, promoviendo soluciones que impulsen el crecimiento y la competitividad del país.
“El nuevo rol del empresario es ser un partícipe activo de la toma de decisiones que trascienden al ámbito de sus actividades, así como proponer soluciones que permitan al país crecer, fortalecerse y ser competitivo, ofreciendo oportunidades y una mejor calidad de vida a su población, defendiendo el libre mercado”, señaló.
Agenda pública de la CCL
Por otro lado, la agenda pública de la CCL, según De La Tore, incluirá iniciativas centradas en sectores clave como salud, educación y justicia, considerados pilares fundamentales para un desarrollo sólido y sostenible.
Frente a la preocupante situación de inseguridad y violencia, el presidente de la Cámara reafirmó el compromiso del sector privado de colaborar estrechamente con el Gobierno en la búsqueda de soluciones efectivas.
“Por ello, convocamos a nuestras autoridades a trabajar con el sector privado para dar pasos trascendentales frente a los problemas que aquejan a nuestro país”, agregó.
De La Tore llamó a una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, el legislativo, el sistema judicial, la academia y la sociedad civil para abordar los desafíos del país de manera integral y sostenible.
“Lo que nos falta es trabajar de manera articulada entre los gobiernos central, regional y local; el Poder Legislativo, los órganos de justicia, la academia, el sector privado y todos los actores de la sociedad, para alcanzar metas concretas, estableciendo políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, para edificar una sociedad con valores, que respeta la ley y convive sanamente a pesar de sus diferencias”, concluyó.
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