Entre el 8 y el 10 de este mes se dará inicio al diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y las autoridades de los distritos de Islay afectados por la contaminación del río Tambo, con la finalidad de comenzar acciones que ayuden a resolver el vertimiento de residuos metálicos en las afectadas aguas de la cuenca que comienza en Moquegua y llega al valle arequipeño.
El 28 de mayo, el Gobierno declaró el estado de emergencia en Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, y el distrito de Islay, por peligro inminente de contaminación, dio plazo de 60 días para que el Ejecutivo de acciones inmediatas de remediación que incluye a la minera Aruntani, causante de la afectación de las aguas.
El gerente regional de la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA), Carlos Santos Roque, destacó ayer que este decreto recoge las peticiones formuladas por los representantes de su dependencia y la provincia, tras varios años de daños por residuos mineros en la parte alta de Moquegua, es la tercera vez que está en emergencia por esta razón. El valle de Islay tiene13 mil hectáreas que se ven perjudicadas por el afluente que daña los cultivos sensibles como el ajo y arroz que se exportan y abastecen a la vez al sur.
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Estudios a cargo de la ARMA en el agua ácida del río, hallaron manganeso, boro y arsénico en puntos como el puente Pampa Blanca, la bocatoma Santa Ana Quitiri, el puente Santa Rosa, y la bocatoma Ensenada Mejía, lo mismo que en Chojata, Moquegua. Y es que, el 21 de mayo de 2020, se dieron los resultados de los análisis del río. La Autoridad Local del Agua (ALA) – Tambo tomó las muestras, luego que el 17 de abril de 2020 persistiera una extraña coloración amarillenta en las aguas, pero, en abril de ese año ya se había notificado el daño cuando se hallaron varios camarones muertos en las orillas del afluente.
Quince asociaciones de pescadores del crustáceo que reúnen a unas 500 personas, entre Moquegua y Arequipa, se vieron afectadas y en especial Quinistaquillas, donde ya no se puede extraer este recurso. De manera indirecta, 2500 comuneros quedaron perjudicados por la limitación de esta actividad, así como en la pesca de trucha y pejerrey en la zona alta de Moquegua, donde ya no habitan estas especies.
El 50% de los comuneros de Ispachas dejó la localidad buscando peces. Sin embargo, tres años antes, en marzo de 2018 se detectaron metales pesados en una evaluación efectuada por la OEFA.
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El gerente de la ARMA explicó que la norma de emergencia indica que el Gobierno Regional de Arequipa, y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, Defensa, Producción, Ambiente, y Energía y Minas; además, de instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.