Agente del INPE fue detenido en Arequipa por intentar ingresar 50 chips al penal de Socabaya. (Foto: GEC)
Agente del INPE fue detenido en Arequipa por intentar ingresar 50 chips al penal de Socabaya. (Foto: GEC)

Nelson Carrillo Sullayme, agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que intentó ingresar 50 tarjetas micro SIM a las instalaciones del penal de Socabaya. La medida fue dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Carrillo fue declarado responsable del delito contra la administración pública, en la modalidad de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión, previsto en el artículo 368-A del Código Penal, en agravio del Estado, representado por el procurador público del INPE.

HECHO

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026 a las 7:00 horas, cuando el trabajador ingresó por la puerta principal del penal de Socabaya portando una mochila. Tras la revisión, se detectó una costura irregular en la parte posterior de la mochila y, al abrir un compartimento oculto, se hallaron aproximadamente 50 tarjetas micro SIM, además de tres fajos de dinero.

Frente a ello, la Policía dispuso el lacrado e incautación de las evidencias y la detención del investigado. Además, tras la verificación, se identificó que se trataba de 50 micro SIM de la empresa Entel; la mayoría presentaba cobertura y 11 contaban con saldo para realizar llamadas.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Durante la audiencia, el procesado reconoció los cargos formulados por el Ministerio Público y su responsabilidad penal y civil. Por ello, la Fiscalía y la defensa arribaron a un acuerdo de terminación anticipada, donde el imputado aceptó su responsabilidad.

Sumada a la sentencia, se determinó la reparación civil de S/ 25 000 a favor del Estado, de la cual S/ 10 000 ya habían sido cancelados, quedando pendiente el pago de S/ 15 000 dentro del plazo de la condena. También se dispuso la inhabilitación para ejercer el cargo que desempeñaba y para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por cinco años.

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