Oscuro panorama de autoridades en la ciudad. Los principales gobernantes de Arequipa dan muestras de aparentes ilícitos y corrupción en sus gestiones. (Foto: GEC Archivo)
Oscuro panorama de autoridades en la ciudad. Los principales gobernantes de Arequipa dan muestras de aparentes ilícitos y corrupción en sus gestiones. (Foto: GEC Archivo)

La  sentencia del alcalde Omar Candia por presunto delito de colusión agravada en la compra de cámaras de vigilancia cuando era burgomaestre de Alto Selva Alegre, volvió a remecer el ámbito político local, al ver a una de sus principales autoridades involucradas en un aparente ilícito. Candia es hallado culpable de estas irregularidades y por ende, el juzgado a cargo de su caso ordenó seis años de  sanción privativa de la libertad  por hechos cometidos en 2012  con la adquisición de 40 cámaras de seguridad.

La sentencia fue emitida el  viernes 17 de diciembre por el juez unipersonal para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Edy Leva Cascamayta.

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Mediante su  adelanto de fallo fundamentó la responsabilidad de la autoridad municipal en los hechos investigados y lo halló como autor del delito, por lo que también fue inhabilitado para ejercer cargo público por tres años.

Otro hecho que cayó mal en la comunidad fue el ofrecimiento del exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa  Gregorio Palma, durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva de 24 meses  en su contra por el caso ‘Los hijos del cóndor’.

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Su abogado ofreció 40 mil soles por garantía para que sea investigado en libertad, lo que generó la inmediata protesta de la fiscal superior Katherine Salazar. Palma está involucrado en el caso donde también se investiga al gobernador Elmer Cáceres Llica como cabecilla del grupo que integran además consejeros y funcionarios del GRA.

El caso se basa en las informaciones recogidas de un agente especial que grabó las conversaciones entre el gobernador, regidores y  funcionarios desde  2019,  y  donde se planeaban acciones para favorecerse en el cargo con la entrega de terrenos y obras, con la finalidad de mantener en ejercicio a gerentes observados por la oposición y, con eso, garantizar la continuidad en el cargo del gobernador Elmer Cáceres. El expediente e investigación es abultado y contiene conversaciones, chats y otros elementos que la fiscalía considera suficientes para probar los delitos que acusa en su tesis.