Fiscal Antonio Chacón Rosello, cuestiona D.L 1605 (Foto: Leonardo Cuito))
Fiscal Antonio Chacón Rosello, cuestiona D.L 1605 (Foto: Leonardo Cuito))

Los fiscales de Arequipa temen que el D.L 1605, a través de la cual se faculta a la Policía a realizar investigaciones preliminares por iniciativa, caigan en una informalidad o se conviertan en intervenciones ilegales.

“Tenemos temor a que los insumos, que son la investigación que nos da la Policía, no tenga la legalidad como en un allanamiento sin flagrancia, ni motivo justificado. Eso motivaría a una exclusión de prueba”, manifestó ayer a Correo, el fiscal superior coordinador de las fiscalías provinciales, penales y mixtos de Arequipa, Antonio Chacón Rosello.

Argumentó que, en intervenciones sin flagrancia, sin motivación, incluso pese a tener una posible confesión filmada o grabada, pero sin presencia fiscal o del abogado, no tenga valor. Estos casos podrían caer o arruinarse y lo que es peor aún, el presunto delincuente, posteriormente denuncie al efectivo por abuso de autoridad. “Puede que una mala intervención genere impunidad y el delincuente aprenda cómo hacer bien su delito en el futuro”, añadió.

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Para evitar estas carencias de falta de legalidad en la investigación preliminar de la Policía, el fiscal resaltó que se necesita que la experticia de los policías (cualidad de tener experiencia en campo), además de que reciban  capacitación y preparación permanente.

PRISIÓN

Respecto al D.L. 1585 que modificó el Código Penal para solicitar la prisión preventiva solo para los delitos cuyas penas son mayores a 5 años. En ese sentido, no se puede solicitar prisión preventiva para los delitos como lesiones culposas bajo efectos de alcohol, cuya condena es no menor de 4, ni mayor de 6 años; por homicidio bajo efecto de estupefacientes, cuya pena es de 4 a 8 años; estafa con pena de 1 a 6 años; estafa agravada de 4 a 8 años y el hurto agravado que se condena con 3 a 6 años.

Los fiscales de Arequipa se reúnen y estudian la jurisprudencia, constitucionalidad y convencionalidad de los decretos que modificaron los códigos penales para asumir las medidas legales.

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