Pedido fiscal incluye declaraciones de conductores y empresarios afectados por supuesta red criminal. (Foto: GEC)
Pedido fiscal incluye declaraciones de conductores y empresarios afectados por supuesta red criminal. (Foto: GEC)

La información proporcionada por diez  testigos protegidos fue incluida en la  acusación presentada por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Arequipa por el caso Los Correcaminos del Sur, presunta red criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas interprovinciales para evitar la fiscalización en la región Arequipa.

La Fiscalía considera que esta organización criminal tiene como cabecilla a Marcelo Bermejo Velásquez (exasesor de Yamila Osorio), estando entre sus integrantes  José Gamarra Vásquez (exgerente  Regional de Transportes) y  Richard Talavera Fuentes (exjefe de Inspectoría de la Policía Nacional), quienes  son procesados por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo,  tráfico de influencias y concusión.

LEA TAMBIÉN: Arequipa: Develan retrato del ilustre arequipeño Alfredo Rodríguez Ballón

Declaraciones

Los testimonios, que serán revisados en audiencias, coinciden en apuntar cómo operaba la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional. Por ejemplo, el testigo protegido (TP) 01-2018, contó a la Fiscalía sobre el cobro de cupos a la empresa Sueño Dorado; el TP 03-2018, declaró sobre la participación de Bermejo como cabecilla; y TP 06-2018, dio cuenta sobre la estructura de la organización criminal. Así como ellos, aproximadamente 30 conductores y empresarios de minivanes también dieron sus testimonios sobre la informalidad en el transporte interprovincial.

El juez José Málaga Pérez será el encargado en comprobar las pruebas recabadas por la Fiscalía y decidir si este caso que involucra a exfuncionarios regionales pasa a la etapa de enjuiciamiento. Las audiencias de control de acusación  se dan desde el lunes 20 de febrero y se extenderán por lo menos cuatro meses, según explicó el propio magistrado dada la complejidad del caso.

LEA TAMBIÉN: Entregan soya para alimentar al ganado de zonas como Majes, La Joya y Arequipa

Acusación

El requerimiento de acusación fue presentado el 26 de enero por la fiscal Marita Cueva ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa. De los 31 imputados el caso, la Fiscalía acusó a 19 y pidió el archivo del proceso respecto a 12 personas.

En el pedido, la Fiscalía sostiene que el objetivo de los Correcaminos del Sur fue instrumentalizar los distintos actos  de control del servicio de transportes de pasajeros de vehículos tipo M2 (minivanes) entre las provincias de Caylloma, Camaná, Islay y Castilla, con el fin de obtener dinero ilícito para su beneficio.

LEA TAMBIÉN: El ángel de los perritos atropellados de Arequipa

Para ello, acordaban con los transportistas formales e informales de minivanes la entrega de cupos, inducían a estos transportistas el pago frecuente de este dinero e incluso los obligaban, mediante amenazas, a cumplir estos ilegales compromisos.

Incluso, los integrantes de la organización criminal tenían distintas tarifas para concretar sus actos ilícitos. Las empresas pagaban entre S/200 a S/500, por miniván pirata, la omisión de fiscalización; entre S/250 a S/300, por vehículo, por omitir el control ante irregularidades en los papeles; S/2 mil, por incremento de flota vehicular; y S/20 mil, por resoluciones para autorizar la circulación de las empresas.

LEA TAMBIÉN: Comunas de Arequipa no realizan gastos para emergencias

Como integrante de la organización figura Gabriel Almonte, alías Chascoso, su rol en la red criminal era justamente obligar que los pagos se cumplan en las operaciones de control que se hacían en las carreteras con la ayuda de la Policía. Colocaba adhesivos a las minivanes, que eran cambiados cada mes, se trataban de stickers de dragón, cobra, cabeza de león, entre otros, dependiendo su colaboración con la red criminal.

Esta acusación se sostiene en intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto de las comunicaciones, secreto bancario de algunos procesados, entre otros medios de prueba que ahora deben ser revisados.

VIDEO RECOMENDADO