maestra tenía una sentencia judicial  Órgano de Control Institucional descubrió que profesora presentó su declaración de no tener sentencia por delito doloso, pero no adjuntó certificados. (Foto: GEC)
maestra tenía una sentencia judicial Órgano de Control Institucional descubrió que profesora presentó su declaración de no tener sentencia por delito doloso, pero no adjuntó certificados. (Foto: GEC)

Para el Órgano de Control Institucional (OCI) de la UGEL Arequipa SUR, el nombramiento de la profesora Karla Gambetta Meléndez, en la Carrera Pública Magisterial (CPM) en el año 2019, fue irregular.

Si bien el ingreso a la CPM es por concurso público, esta se formaliza con una resolución, luego de presentar y cumplir varios requisitos, pero en este caso, a través del informe de acción de control posterior N° 003-2022-OCI/4584-AOP, el OCI revela que la UGEL emitió la Resolución Directoral N° 119-2019 para el nombramiento de la docente que tenía una sentencia.

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Entre los requisitos se exigió el título de licenciado en educación, no haber sido condenado por delito doloso, gozar de buena salud física y mental que le permita ejercer la docencia, no haber sido condenado por terrorismo y no encontrarse inhabilitado por despido.

Sin embargo, Karla Gambetta Meléndez ingresó su expediente N° 1208531 el 7 de enero de 2019 para el proceso de nombramiento en la modalidad CEBA, ciclo avanzado en la especialidad de Comunicación.

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En el expediente, adjuntó su formato de Declaración Jurada, donde declara no tener condena por delito doloso y en base a este documento se emitió la resolución de nombramiento a partir del 1 de marzo de 2019.

Tras una denuncia verbal ante el OCI, este organismo buscó el expediente de la maestra, y se descubrió que solo estaba el formato, pero no se había adjuntado los certificados de antecedentes penales y judiciales, tal como exige la norma para el nombramiento.

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El 8 de junio de 2022, la Corte Superior de Justicia de Arequipa informó que la maestra en mención tiene una sentencia de julio de 2018 con una pena suspendida de 3 años y 6 meses, por lo que su declaración jurada fue falsa. Para el OCI, la UGEL SUR no cumplió con verificar los expedientes que presentaron los maestros, en particular este caso.

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