El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no permitirá que el país caiga en el caos, desorden e inseguridad que provocaron las protestas violentistas que sucedieron en el Perú entre los meses de diciembre y febrero. Prueba de ello es que se ha controlado un total de 500 manifestaciones violentas, como lo mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró ayer el premier Alberto Otárola, durante su participación en la Cumbre Minera, Perumin 36.
“Son marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derechos, en esta convención, quiero decir que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo para proteger la paz, los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos”, dijo dirigiéndose a los empresarios e inversionistas mineros que participaban del evento.
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REACTIVACIÓN
En ese sentido, Otárola señaló que el Gobierno se ratifica en cumplir compromisos que garanticen la paz y tranquilidad social. Señaló que estas condiciones permiten un mayor crecimiento económico, principalmente por la seguridad para las inversiones mineras. “Buscamos que se reanude el trabajo de 5 empresas que paralizaron sus actividades ante amenazas de grupos reducidos y violentos (...) Estas empresas afectadas tienen un movimiento económico anual en conjunto que equivale al 2.8% del PBI de nuestro país”, añadió.
Explicó que el último reporte del Ministerio de Energía y Minas revela que, desde junio de este año, el empleo en el sector minero creció en 1.5%, registrando un total de 226 mil trabajadores. Actualmente, son tres regiones las más beneficiadas, siendo Arequipa la que más destaca, con 32 mil trabajadores. Le siguen las regiones de La Libertad y Moquegua, con 22 mil y 10 mil trabajadores respectivamente.
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APOYO
En otro momento, el premier indicó que la primera estrategia que plantea el Gobierno es acortar la tramitología para mejorar el sistema regulatorio minero, que se basa en opiniones técnicas de expertos funcionarios públicos para el otorgamiento de autorizaciones y licencias. Por ello, anunció que se implementará la Ventanilla Única Digital que permitirá potenciar los procesos de certificación ambiental.
Actualmente, se requieren hasta 43 permisos, licencias y autorizaciones, entre otros. No obstante, con la nueva medida, los opinantes técnicos se integrarán para trabajar en proyectos mineros que serán priorizados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
Asimismo, anunció que se mejorará el reglamento ambiental de exploración minera, con el objetivo de que las empresas tramiten en simultáneo las certificaciones y permisos ante el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Autoridad Nacional del Agua. Con ello, el plazo de evaluación se reduciría en 6 meses.
Otárola también explicó que se buscará el destrabe de 9 grandes proyectos mineros que implican una inversión total de 10 mil 500 millones de dólares. Se trata de los proyectos Toro Mocho, Yanacoha, extensión Antamina, optimización Inmaculada, yacimiento Zafranal, proyecto San Gabriel, planta de cobre Río Seco, proyecto Yumpag y ampliación de Retamas.
Contradicción. En otro momento, el premier entabló comunicación con los medios de comunicación de Arequipa, siendo consultado sobre el proyecto Tía María. Otárola dijo que el proyecto ‘no está en agenda’, contradiciendo a lo declarado por el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien señaló que se daría todo el apoyo necesario para que la referida inversión privada se realice.
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