En las últimas horas, una noticia ha levantado debate y controversia, especialmente entre los abogados, al conocerse que un juzgado constitucional repuso al candidato por el distrito de Yarabamba del partido Ahora Nación, Mario Barriga, en la contienda electoral. Con ello, se suspendió una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ya había determinado su separación al aceptar una tacha en su contra.
Y es que surge la interrogante de si un juez constitucional puede suspender una decisión del máximo organismo del JNE, el cual, sin duda, tiene libertad e independencia en sus decisiones.
Para ello, conversamos con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien mencionó que, aunque la figura legal parece descabellada, existen antecedentes sobre el caso para que una medida cautelar pueda anteponerse a una resolución del JNE.
“Es correcto; es una figura que no se usa habitualmente y demuestra que a veces se vulneran los derechos de una persona. Ya en el 2021 se dio un caso similar en Cajamarca y se determinó que todos los actuados para su tacha eran incorrectos. Fue un juzgado el que devolvió a ese postulante a la contienda electoral, faltando pocos días”, explicó el letrado.
EL CAMINO DE UNA TACHA
Sin embargo, para conocer al detalle la separación, es necesario verificar primero las tachas que se presentaron en contra del candidato. En efecto, fueron dos solicitudes emitidas en la quincena de agosto —las resoluciones N.° 001095-2026 y N.° 001094-2026—, presentadas por Reyna Cáceres Suni y Víctor Hugo de los Heros Riofrío, respectivamente.
En ambas se alegaba que el candidato no vivía en el distrito y que, por ende, no debería ser parte de la fórmula electoral municipal. Solo el segundo requerimiento prosperó para su debate.
No obstante, en primera instancia, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa, en su resolución 01902-2026-JEE-AREQUIPA/JNE, declaró infundada la tacha al considerar que existían suficientes elementos para determinar que Barriga sí es vecino de Yarabamba; entre ellos, sus datos del RENIEC y, sobre todo, su historial de votación, donde figura que incluso participó como candidato en la última contienda electoral.
Como era de esperarse, la parte demandante apeló la decisión y el caso fue elevado a segunda instancia en el JNE. Aquí es necesario explicar que, por la complejidad de estas elecciones, el mismo JNE emitió una resolución en la que dejaba sin efecto cualquier apelación que no fuera vista y analizada hasta el 4 de setiembre.
Sin embargo, el 5 de setiembre se emitió la resolución N.° 3546-2026-JNE, declarando fundada la apelación de tacha y excluyendo al candidato de Yarabamba, sin respetar el plazo que el mismo Jurado había establecido.
DAÑO A UN DERECHO
Para el especialista, el caso debe ser analizado a profundidad porque se aplicó un “amparo electoral”, el cual es un recurso excepcional cuando se ve atentado el derecho a postular a un cargo público.
“Es escandaloso lo que ha pasado; primero, porque no se han respetado los propios plazos que el JNE fijó, y segundo, porque no se valoraron los datos del candidato, quien vive más de 20 años en Yarabamba, está votando en Yarabamba, existe en el padrón electoral y hasta fue candidato en las últimas elecciones”, agregó.
De acuerdo con la resolución del juez constitucional Renato Loayza, se concede la medida cautelar a Mario Barriga por diversos motivos, tomando como referencia el caso Lizana Puelles al mencionar que las resoluciones del JNE que violen la tutela procesal efectiva son objeto de control constitucional. Además, la resolución del JNE sobre la tacha fue presentada un día después del plazo que ellos mismos habían dispuesto para no entorpecer el proceso.
¿QUÉ SIGUE?
En la misma resolución, el magistrado Loayza pide al JEE de Arequipa que, en menos de 24 horas, notifique al candidato para que continúe con su campaña.
También deberá emitir un informe sobre su primera resolución hasta que el caso sea nuevamente debatido en el Juzgado Constitucional, el cual incluso podría elevarse a una sala superior y llegar hasta el Tribunal Constitucional.
“Es un proceso que tiene para rato, pues no se ha valorado este atentado a la libertad; incluso instancias internacionales podrían ver este caso como algo especial”, agregó.
Más allá del proceso legal, Rospigliosi advierte sobre las personas que estarían financiando estas tachas: “Es un caso emblemático que convierte a Arequipa en la cuna jurídica del país”.
