La comisión investigadora de los cuatro establecimientos de salud paralizados en la región, presentó un nuevo informe sobre el estado situacional de los hospitales de Camaná y Maritza Campos, así como los centros de salud de Chala (Caravelí) y Cotahuasi (Condesuyos), en los que se evidencia las demoras para la contratación de los expedientes de saldo de obra, así como presuntas responsabilidades en gestiones pasadas.
La presidenta de la comisión investigadora, Norma Ortega, precisó que este es el cuarto informe que presentan, “este informe, a diferencia de los demás, tiene información referente a los expedientes de saldo (de Camaná y de Maritza Campos) “, manifestó.
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En el caso de la contratación de las supervisiones para la elaboración de los expedientes de saldo de obra, solo se realizó ello con el hospital de Camaná, que se dio mediante contratación directa al Consorcio Supervisor Salud Camaná por 994 mil 550 soles.
No obstante, la situación difiere en el hospital de Maritza Campos, cuyo contrato para el expediente de saldo de obra se dio el 17 mayo, no obstante, tuvieron que pasar dos meses para que la empresa a cargo iniciará con la evaluación técnico legal de la obra, además de no contar hasta el momento con una supervisora.
De otro lado, pese a ser puesto en funcionamiento a finales del 2023, hasta el momento no se adjudicó ni contrató el servicio de consultoría de obra para elaboración de expediente técnico de saldo de obra para el centro de salud de Chala, lo que representa una demora excesiva para el inicio de la ejecución del saldo de obra.
Otro punto a resaltar es que, hasta la fecha, la comisión Investigadora no fue informada respecto a la ubicación de los expedientes técnicos primigenios de los cuatro establecimientos en físico, pese a que desde el 2023 se solicitó informe respecto a su ubicación real o estado, lo que evidencia una presunta responsabilidad por extravío o pérdida de los mismos.
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Ortega indicó que este informe, es complementario al presentado en abril, donde se daba cuenta del estado situacional del destrabe de los establecimientos de salud y en el que se identificaba solo los cargos donde se habrían detectado irregularidades.
En el caso del hospital de Camaná, se señala a los ex jefes de Administración René Ramos Gonzáles, Miguel Velásquez Condori, Renzo Valencia Chávez y Justa Mamani Palomino por aprobar las 10 ampliaciones de plazo, asimismo a los exjefes de Asesoría Jurídica Miguel Ochoa Cuadros y Augusto Palaco Toro por aprobar la conciliación del laudo arbitral emitido en el 2021.
Los mismos nombres vuelven a ser mencionados en el caso de las ampliaciones de plazo para el hospital Maritza Campos. En tanto, sobre el centro de salud de Chala se señala al exgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Edy Naca Bailon como presunto responsable por dejar sin supervisión la elaboración del expediente técnico.
En el caso del centro de salud de Chala, se identificó como presuntos responsables a Edy Nava Bailon y César Ramos Zamora, exgerente regional de Infraestructura (2016), por participar en la supervisión y no respetar los plazos señalados en la ley y otorgando conformidad a entregables cuando había observaciones.
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