El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a través de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), asumió compromisos que no podía cumplir a través de la firma de la adenda 13 para el megaproyecto Majes Siguas II. Esto se presenta en aspectos como la entrega de los terrenos para que la concesionaria asuma el control del proyecto, dado que se establecieron plazos inadecuados para el saneamiento total de las tierras, advirtió el Vicecontralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría General de la República, Luis Robas Sánchez.
“Nosotros emitimos un informe en el cual manifestamos una serie de interrogantes que no fueron totalmente absueltas en el proceso de formalización (...) había ciertas cláusulas que podrían acarrear un riesgo, por ejemplo, nosotros pedíamos mayores seguridades de cómo se iba a poder dar la entrega de los terrenos en el plazo que se estableció en esta adenda. Autodema nos aseguró que, respecto a la entrega de terrenos, lo que llamamos control del proyecto, ellos ya habían hecho todos los cálculos. Lamentablemente, la realidad nos ha dicho después que esto no sucede así”, agregó.
En efecto, Contraloría emitió dio seguimiento informativo no vinculante que se exige para todos los contratos bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) respecto a este punto en el 2019, mediante el informe N°1336-2019-CCG. Pese a esta advertencia, pocos avances se realizaron incluso después de la firma de la adenda (12 de abril del 2022).
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Así, en diciembre del año pasado, se emitió el informe de control concurrente N°30405-2022-CG, que alertó que, a cinco meses de la suscripción de la adenda 13, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) no definió la alternativa que le permitiría efectuar la entrega del control del proyecto de la vía de acceso a la Bocatoma Lluclla. En el mismo documento se pone sobre aviso que esto podría ocasionar el incumplimiento de los plazos contractuales y la dilación de la ejecución de obras nuevas en la segunda fase.
No obstante, la respuesta de Autodema no se remitió oportunamente al ente de control, por lo que se concluye que la situación adversa no fue corregida. “A pesar de que ellos habían sostenido de que los terrenos estaban saneados, es decir listos para hacer obras, lamentablemente eso no era verdad (...) luego hicimos un informe posterior porque hemos venido haciendo una visita de campo, pero encontramos población asentada, chacras, regadíos, acequias, que claro está se debe levantar para poder hacer la obra”, dijo Robas.
La conclusión de la Contraloría es que los plazos establecidos en la adenda 13 no fueron bien sustentados. Pese a ello, en anteriores exposiciones del Gobierno Regional de Arequipa, funcionarios de la entidad sustentaban que los terrenos de la segunda fase se entregaron al 99%. “Con el informe de control concurrente, hemos verificado que muchos de los supuestos que fueron planteados, lamentablemente no tenían un correlato con la realidad”, respondió Robas.
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Sin sustento. Además de este aspecto, el funcionario consideró que son diversos aspectos que fueron advertidos y que no fueron considerados por el GRA, representado por Autodema, para el proyecto Majes II. Entre ellos, resalta el no incremento del monto establecido para la Garantía de Fiel Cumplimiento (GFC), con la finalidad de cautelar el valor de la compensación que recibiría el Estado ante un escenario de caducidad por incumplimiento del concesionario.
Igualmente, se pidió que para la firma de la adenda se añada una penalidad en la cláusula anticorrupción, por la que concesionario también sea sancionado, en caso se hallara un hecho irregular, pero no fue aprobado por Autodema. “Ellos (Autodema) señalaron que producto de la negociación que había tenido con el concesionario, no aceptaban concluir la cláusula completa”, dijo Robas.
“Nosotros podemos advertir a toda la población es que todos los actos que han realizado, no han permitido que este proyecto se reactive y se termine, lo cual genera un costo de oportunidad alto u un perjuicio a toda la comunidad arequipeña porque aquí hay muchos puestos de trabajo, mucha inversión, mucho desarrollo para la gente”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Comisión especial que fiscaliza las adendas 12 y 13 del proyecto Majes Siguas II en representación del Consejo Regional, Fernando Cornejo, refirió que muchos de los compromisos se asumieron a voluntad de la concesionaria y no tienen explicación técnica. “Al final la adenda 13 no solucionó nada”, dijo. Agregó que se harán fiscalizaciones políticas conforme a las competencias del Consejo Regional. Esto alcanzaría incluso a exfuncionarios de la entidad.
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